La investigación judicial conocida que tiene en la mira a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia, sumó nuevos capítulos en las últimas horas y ya impacta en La Plata, donde una comitiva de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó en el edificio de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad y en oficinas de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) para solicitar información de relevancia para la causa.
Según confirmaron fuentes ligadas al expediente en diálogo con 0221.com.ar, el lunes los agentes llegaron al edificio de 44 entre 4 y 5 con instrucciones precisas para recabar información patrimonial que pueda ser incorporada a la causa judicial y este martes también se presentaron en la Torre 2 para solicitar informes que puedan aportar datos de interés en el marco de la causa presunta evasión fiscal que tiene en la mira al organismo más importante del fútbol nacional.
El expediente tramita en la Justicia Federal en lo Penal Económico y está a cargo del juez Diego Amarante, quien fue designado en su cargo en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner y actualmente conduce la investigación sobre presuntas maniobras de evasión fiscal que involucran a la conducción del fútbol argentino.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el procedimiento en el Registro de la Propiedad no implicó allanamientos ni medidas compulsivas, sino un pedido formal de informes destinado a reconstruir posibles movimientos patrimoniales vinculados a personas o sociedades que aparecen en la investigación. Del mismo modo sucedió en las oficinas que dependen de la DPPJ. Este tipo de diligencias, vale aclarar, es habitual en causas por presuntos delitos económicos, ya que permite a los investigadores detectar bienes inmuebles registrados, transferencias de propiedades o eventuales inhibiciones que puedan aportar elementos para la pesquisa.
El Registro de la Propiedad, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía bonaerense, es el organismo encargado de inscribir y publicitar jurídicamente los derechos sobre los inmuebles en la provincia. Según su descripción institucional, allí se inscriben y anotan los títulos que constituyen, transmiten, modifican o extinguen el dominio de bienes, además de otras registraciones vinculadas a medidas judiciales o restricciones patrimoniales. Se trata, por caso, de compraventas de inmuebles, donaciones y cesiones de propiedad, hipotecas y otros gravámenes, embargos judiciales e inhibiciones generales de bienes.
Toda esa información permite conocer quién es el titular de una propiedad, cuándo fue adquirida y qué cargas legales posee, datos que resultan claves en investigaciones sobre movimientos patrimoniales.
El Registro de la Propiedad administra información vinculada a lo que el derecho denomina "derechos reales", un concepto central del sistema jurídico argentino. Son aquellos que una persona ejerce directamente sobre una cosa, generalmente un bien inmueble, y que pueden hacerse valer frente a cualquier otra persona. A diferencia de los derechos personales –que se establecen entre partes determinadas– los derechos reales tienen efectos frente a terceros.
Entre los principales derechos reales reconocidos por la legislación argentina se encuentran:
La inscripción de estos derechos en el Registro es lo que les otorga publicidad y seguridad jurídica, ya que permite que cualquier interesado pueda conocer la situación legal de un inmueble.
Cuando los investigadores judiciales solicitan información pueden acceder a distintos tipos de datos que ayudan a reconstruir el mapa patrimonial de una persona. Entre los informes más habituales se encuentran:
Este tipo de documentación suele utilizarse para detectar eventuales inconsistencias entre el patrimonio declarado y los bienes registrados, una línea de investigación frecuente en causas por delitos económicos o fiscales.
Tras conocerse el procedimiento, 0221.com.ar intentó obtener una respuesta oficial sobre la diligencia realizada en el edificio del Registro, pero la cartera de la cual depende el organismo no emitió comentarios sobre lo sucedido.
Mientras tanto, la investigación continúa avanzando en la Justicia Federal con nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir los movimientos patrimoniales bajo la lupa judicial.
La visita de los investigadores a la capital provincial marca, en ese contexto, un nuevo paso en la recolección de documentación clave, que ahora deberá ser analizada por el juzgado para determinar si existen elementos que refuercen las sospechas que motivaron la apertura del expediente.
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