En medio de las amenazas de tiroteos, las medidas incluyen controles estrictos y acompañamiento obligatorio, pero las familias piden revisar su aplicación.
La implementación de un protocolo de seguridad en la Escuela Técnica N° 2 de Berisso generó un fuerte rechazo entre familias, que lo consideran inviable. Las medidas surgieron tras amenazas de tiroteo, pero desataron críticas por su aplicación y la falta de consenso.
La puesta en marcha de este plan abrió un fuerte conflicto con padres y madres de estudiantes. La decisión fue comunicada en las últimas horas en respuesta a las amenazas que vienen apareciendo en escuelas de la región.
El planteo de los docentes fue impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) hacia el Gobierno de Axel Kicillof.
Amenazas en escuelas, violencia y crisis social ponen el foco en políticas públicas de niñez, salud mental y juventud, con reclamos por respuestas urgentes.
Lejos de llevar tranquilidad, el protocolo generó malestar en la comunidad educativa, que cuestionó tanto su contenido como la forma en que fue implementado. Entre las disposiciones difundidas por la institución se encuentran el acompañamiento obligatorio de un adulto en el ingreso y egreso, restricciones en los accesos, control del uso de celulares, limitaciones para ingresar objetos personales y una organización estricta de horarios y circulación interna.
Desde la conducción explicaron que las medidas buscan garantizar la seguridad ante posibles situaciones de riesgo, en línea con protocolos oficiales vigentes. Sin embargo, a través de una nota dirigida a las autoridades, las familias expresaron su “absoluto rechazo” al esquema planteado. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la exigencia de acompañamiento permanente.
“Es imposible cumplir con el acompañamiento obligatorio”, señalaron, al advertir que muchas familias no pueden asistir varias veces al día por razones laborales o personales. Además, remarcaron que la decisión fue “unilateral” y que traslada la responsabilidad de la seguridad a los hogares, sin abordar el problema de fondo.
Otro eje de las críticas es la falta de diferenciación según la edad de los estudiantes. Según plantearon, aplicar las mismas restricciones a alumnos de cursos superiores implica desconocer su autonomía. “Aplicar estas restricciones a estudiantes de años superiores, que ya cuentan con autonomía, es un retroceso”, indicaron.
También advirtieron que las medidas podrían generar “más caos y angustia” dentro de la escuela, en lugar de aportar soluciones efectivas ante situaciones de riesgo. Frente a este escenario, las familias solicitaron una reunión presencial urgente con las autoridades para debatir alternativas que contemplen la realidad de la comunidad educativa.
En ese sentido, subrayaron: “La escuela debe ser un lugar de resguardo que se adapte a la comunidad, no un obstáculo para el trabajo y la organización de las familias”. El caso se inscribe en un contexto más amplio de preocupación por amenazas en establecimientos educativos de la región. Mientras las instituciones buscan reforzar la prevención, crece el debate sobre cómo implementar medidas eficaces sin generar nuevas dificultades para estudiantes y familias.