La Justicia rechazó el pedido del Gobierno y le ordenó a presentar en tres días un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Justicia Federal rechazó el pedido del gobierno nacional para levantar la medida cautelar que obliga al Estado a avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick ordenó además que el Ejecutivo presente en tres días un informe documentado sobre los avances registrados.
La resolución mantiene vigente la cautelar dictada en el marco de la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclama la aplicación de la norma y cuestiona el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno para atender la situación de las universidades públicas.
El planteo del Estado se basó en el acuerdo alcanzado el 10 de junio con las universidades y organizaciones gremiales docentes y no docentes. Ese entendimiento contempló una suba salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos operativos, una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano y un refuerzo de $50.000 millones para los hospitales universitarios durante 2026.
Cormick consideró que el Gobierno no logró demostrar que esas medidas hayan resuelto el deterioro de los ingresos ni la pérdida salarial que originó el conflicto. Por ese motivo, sostuvo que continúa vigente el riesgo que justificó el dictado de la cautelar y rechazó el pedido para dejarla sin efecto.
El magistrado señaló que el Estado "no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente" de los acuerdos respecto de los perjuicios denunciados por las universidades y los trabajadores del sector. También remarcó que no existe una definición "efectiva y final" sobre el deterioro de los ingresos.
La cautelar había sido dictada hasta el momento de la sentencia definitiva y posteriormente fue confirmada por la Cámara del fuero. Finalmente, quedó firme luego de que la Corte Suprema desestimara el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.
El Gobierno había sostenido ante la Justicia que, con las asignaciones presupuestarias realizadas y los incrementos establecidos en el acuerdo, el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 se encontraba "en lo sustancial" satisfecho.
Sin embargo, las universidades rechazaron ese argumento y plantearon que el acuerdo firmado en junio no modificaba los fundamentos del amparo. También señalaron que el convenio no contemplaba todos los requisitos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese contexto, Cormick concluyó que "mal puede considerarse superado el peligro en la demora" y sostuvo que no puede darse por satisfecho ni concluido el efecto de la cautelar. La resolución, de todos modos, aclaró que esta decisión no implica anticipar una postura sobre el fondo del litigio.
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