El juez Martín Cormick declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025 y ordenó al gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, tras resolver los amparos promovidos por universidades, docentes y entidades académicas.
Cormick cuestionó específicamente el tramo del decreto que vinculaba la aplicación de la norma con el artículo 5 de la Ley 24.629. Esa disposición establece que las leyes que generen gastos deben indicar cómo serán financiados y, si no lo hacen, su ejecución queda suspendida hasta que las partidas sean incorporadas al presupuesto nacional.
El fallo dejó sin efecto esa condición y sostuvo que, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial con las mayorías exigidas por la Constitución, el presidente Javier Milei debía promulgar la ley sin restricciones adicionales. Cormick consideró que la decisión del Ejecutivo había funcionado como un “mecanismo extraconstitucional” de bloqueo.
El juez señaló que el artículo 9 de la ley contemplaba criterios para que el Gobierno pudiera redistribuir recursos destinados a su aplicación. Además, recordó que existía una medida cautelar sobre salarios y becas y mencionó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un costo equivalente al 0,23% del PBI para 2025.
La norma había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y luego vetada en su totalidad mediante el decreto 647/25. Diputados y el Senado insistieron posteriormente con los dos tercios previstos en el artículo 83 de la Constitución y el 21 de octubre de 2025 se publicó su promulgación condicionada en el Boletín Oficial.
La ley establece la recomposición del presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, actualizaciones para los salarios docentes y no docentes, mejoras en las becas y mayores recursos para investigación. La causa ya había tenido resoluciones favorables durante la etapa cautelar, mientras que la Corte Suprema rechazó en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.
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