La Sala II del Tribunal de Casación rechazó este viernes por "inadmisible" un recurso interpuesto contra la absolución y dejó firme esa decisión.
La Sala II del Tribunal de Casación rechazó este viernes por "inadmisible" el recurso extraordinario que había sido interpuesto por la fiscal de Casación, María Laura D'Gregorio, contra la absolución del exfuncionario municipal Mariano Bruera y dejó firme, de esta manera, la decisión judicial que se había tomado en julio.
El hermano del exintendente Pablo Bruera fue absuelto de culpa y cargo en el marco de de la causa por las presuntas coimas cobradas para rezonificar terrenos destinados a realizar desarrollos urbanísticos financiados con fondos del Plan PROCREAR.
El exintendente de La Plata se presenta como "abogado experto en derecho deportivo con más de 35 años de experiencia en el rubro".
"Declarar inadmisible el recurso extraodinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora fiscal de Casación, María Laura D'Gregorio contra la sentencia de este tribunal con fecha 12 de julio de 2024", se lee en el citado escrito al que accedió 0221.com.ar.
De esta manera, el menos de los hermano Bruera volvió a ser beneficiado por la Justicia luego de que fuera absuelto en julio de este año, en lo que fue una decisión que generó un cimbronazo en el ámbito político de la ciudad. El 12 de julio, la Sala Segunda del Tribunal de Casación bonaerense lo desligó de la causa por la que había sido condenado en primera instancia por el delito de "asociación ilícita" durante la gestión de su hermano Pablo Bruera como intendente de La Plata.
Con votos de los jueces Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, la máxima instancia del fuero Penal provincial hizo lugar al planteo de la defensa, a cargo del letrado Alejandro Montone, que atacó la figura de "asociación ilícita". En esa misma resolución se confirmó la condena al empresario Gustavo Orlandi por pagar un soborno y se ordenó realizar un juicio de cesura para el exfuncionario Enrique Sette, por los delitos de "exacciones ilegales y cohecho pasivo en concurso real". Casación ordenó una "nueva determinación de la pena conforme a la nueva condena que resulta de esta decisión".
La investigación se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo platense Guillermo Andreau en 2014. El empresario aseguró que los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas PROCREAR. De acuerdo con la pesquisa del fiscal Jorge Paolini, que derivó en una condena de primera instancia; los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas, pero el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del exintendente Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo "hablá por teléfono con todos" y así se obtuvieron las escuchas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al exfuncionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba: según declaró bajo promesa de decir la verdad, Campanaro le respondió "esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo (Bruera)".
La sentencia fue unánime pero el voto fue redactado por el juez Claudio Bernard, quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados "existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos".
Para el juez, "en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios". En la resolución se dejó en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: por un lado, la de Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra y "por otro lado, la de Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Pablo Bruera".