Axel Kicillof observó artículos del Presupuesto de la Cámara de Diputados y abrió un debate constitucional sobre la autonomía financiera del Poder Legislativo.
El gobernador Axel Kicillof vetó parcialmente el Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense y reavivó una fuerte polémica política y jurídica. La decisión abrió un debate sobre los límites del Poder Ejecutivo, ya que la Constitución provincial prohíbe vetar el presupuesto del Poder Legislativo.
La medida se da en medio de las disputas internas del peronismo bonaerense, tras las tensiones por la aprobación del Presupuesto y los cruces entre sectores alineados con el gobernador y legisladores cercanos a Cristina Kirchner.
El veto parcial fue formalizado mediante el Decreto 2947/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Kicillof, el ministro de Gobierno Carlos Bianco y el ministro de Economía Pablo López. El Ejecutivo promulgó la Ley 15.560, pero observó cuatro artículos clave.
Los artículos vetados, del 14 al 17, introducían modificaciones a la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados y establecían un nuevo sistema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales, con intervención del Tribunal de Cuentas ante incumplimientos.
Desde el gobierno provincial argumentaron que esas modificaciones excedían la cuestión presupuestaria y avanzaban sobre el sistema de Tesorería de la Provincia, una competencia que consideran exclusiva del Ministerio de Economía y de la Tesorería General.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo advirtió que la automatización diaria de fondos podría afectar el sistema de cuenta única del Tesoro y generar un trato diferencial para Diputados respecto de otros poderes del Estado, incluido el Senado, cuyo presupuesto fue aprobado sin objeciones.
Sin embargo, la decisión reavivó el debate constitucional, ya que el artículo 94 de la Constitución bonaerense establece que el presupuesto del Poder Legislativo no puede ser vetado por el Ejecutivo, con el objetivo de preservar la independencia financiera del Parlamento.
El decreto también contextualiza la medida en la crisis económica provincial, marcada por la caída de ingresos, la recesión y la interrupción de transferencias nacionales, y remarca la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y una administración centralizada de los recursos públicos.
La decisión ya generó ruido político en la Legislatura y promete un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y la Cámara baja. Según las normativas vigentes, el presupuesto de Diputados asciende a $222.800 millones, mientras que el del Senado alcanza los $156.204 millones.
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