El gobierno bonaerense dio un nuevo paso en el proceso que analiza costos del sistema eléctrico y definirá inversiones y futuras tarifas de luz.
La Provincia dio un nuevo paso en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio eléctrico al aprobar un nuevo anexo del convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA). La medida forma parte de la revisión iniciada en 2024 para analizar los costos de distribución de la energía.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que avanzó con la aprobación del Anexo III del acuerdo firmado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de la Facultad de Derecho de la UBA.
La decisión de la Provincia quedó formalizada a través de la Resolución 430/26 de la Subsecretaría de Planificación Estratégica.
El Consejo Profesional de Química planteo los riesgos en seguridad química y gestión ambiental, en el marco del embargo a provincia por contaminación hídrica.
Ese organismo brinda servicios de consultoría técnica y económica para el desarrollo de la revisión tarifaria del sistema de distribución eléctrica bajo jurisdicción provincial. El nuevo anexo fija las fases de trabajo, los contenidos, los hitos y los porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.
La RTI había sido iniciada por la Provincia a través de la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema eléctrico. El objetivo es conocer en detalle los costos de distribución de las cuatro compañías que operan en el territorio bonaerense: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.
Según indicaron desde el gobierno provincial, el proceso busca definir un plan de inversiones que permita garantizar un servicio eléctrico de calidad, actualizar la infraestructura de acuerdo a la demanda actual y reafirmar el rol del Estado en el control de las empresas distribuidoras.
A la vez, la revisión apunta a mejorar los parámetros de calidad del servicio y asegurar tarifas que sean asequibles para los usuarios y geográficamente homogéneas en toda la provincia.
En la primera etapa del proceso se avanzó con la valuación física de los activos de las distribuidoras y la recopilación de información técnica necesaria para evaluar la prestación del servicio. La segunda etapa, en tanto, incluye el análisis económico y regulatorio del sistema.
Entre otros puntos, se evaluará la base de capital de cada empresa, el requerimiento de ingresos de las distribuidoras, la definición de un plan de inversiones obligatorio y la propuesta de una nueva estructura tarifaria.
De acuerdo con la documentación oficial, esta fase es clave porque concluirá con un informe final en el que el Ceare sugerirá un nuevo cuadro tarifario. El cronograma prevé múltiples tareas distribuidas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para arribar a las conclusiones.
La resolución también establece que los pagos correspondientes a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez que se verifique el cumplimiento de los hitos previstos en esta segunda etapa del proceso.