Luego de siete años de coordinación con Nación, la Provincia definió nuevas reglas para sostener el servicio de transporte automotor.
La Provincia puso fin al convenio que durante más de siete años mantuvo con la Nación para definir y distribuir los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo esquema de compensaciones que quedará bajo su control.
La administración bonaerense aprobó el acta de cierre que ambas jurisdicciones habían firmado el pasado 7 de marzo, luego de considerar cumplidas las obligaciones previstas en el acuerdo. De esta manera, quedó formalmente concluido el convenio que había comenzado a regir en diciembre de 2018.
El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación de 559 micros interurbanos modelo 2012, con RTO obligatoria cada tres meses.
Quedaron definidos las nuevas frecuencias de la la línea 195 de Metropol. La medida fue decidida por el gobierno nacional.
El cierre también implica el final de la cooperación del gobierno nacional en tareas vinculadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE, las comisiones del sistema y las compensaciones correspondientes al gasoil a precio diferencial.
El convenio había surgido a partir del Consenso Fiscal y establecía que, desde enero de 2019, la Provincia de Buenos Aires asumiría la definición de los subsidios destinados al transporte dentro de su territorio.
Durante los años de vigencia del acuerdo, el entonces Ministerio de Transporte de la Nación se encargaba de calcular y liquidar las compensaciones, mientras que el gobierno bonaerense transfería los fondos a las empresas prestatarias.
El esquema fue prorrogado en diez oportunidades entre 2019 y 2025, hasta que la última adenda estableció como fecha definitiva de vencimiento el 31 de diciembre del año pasado.
A partir de entonces, la Provincia avanzó con un régimen propio para asistir a las empresas de transporte automotor de jurisdicción provincial y municipal que prestan servicios dentro del AMBA.
El nuevo sistema había sido creado por Kicillof mediante el Decreto 3231/25, a través del cual se estableció el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA. Con esta herramienta, el gobierno bonaerense reemplazó la asistencia técnica que hasta ese momento brindaba la Nación.
Con el nuevo esquema, las empresas de transporte deberán presentar rendiciones de cuentas cada cuatro meses para informar cómo utilizaron los subsidios recibidos.
Las compañías deberán detallar la empresa y cada una de las líneas habilitadas, especificar las compensaciones tarifarias percibidas y discriminar los gastos realizados por cada servicio y rubro.
Además, la documentación deberá incluir un informe firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que deberá analizar la aplicación de los fondos públicos destinados a garantizar la prestación del servicio.
El régimen también establece un sistema de penalidades progresivas para las empresas que no cumplan con la presentación de la documentación en los plazos establecidos.
La primera falta implicará una retención del 10% de las compensaciones. Si el incumplimiento continúa durante 30 días, la retención aumentará al 50%, mientras que, si se extiende por 60 días, podrá alcanzar el 100% de los fondos correspondientes a la empresa.
