La Justicia federal embargó a la Provincia por $157 mil millones para garantizar obras de tratamiento cloacal en La Plata, Berisso y Ensenada.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata dispuso embargar a la Provincia de Buenos Aires por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados por la capital provincial, Berisso y Ensenada.
La medida fue dictada por el juez federal Alberto Recondo, quien ordenó inmovilizar ese monto en una cuenta judicial hasta que el gobierno bonaerense acredite el comienzo de la primera etapa del proyecto de saneamiento. Según la resolución, el dinero deberá mantenerse en un plazo fijo con renovación automática cada 30 días hasta que se verifique el inicio efectivo de las obras.
El fallo se inscribe en una causa iniciada en 2020 por daños ambientales y en una serie de resoluciones cautelares adoptadas desde 2022, en las que el magistrado ya había advertido sobre la gravedad de la contaminación del sistema hídrico integrado por el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata.
Un informe pericial elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) incorporado al expediente describió “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema”, que se habría convertido en un sumidero de aportes cloacales y residuos urbanos.
En su resolución, Recondo sostuvo que el problema arrastra más de dos décadas de deficiencias en la infraestructura sanitaria de la región. La documentación presentada en la causa evidencia que la incapacidad para depurar los residuos cloacales se mantiene desde hace años, lo que reflejaría una omisión persistente del Estado provincial en la implementación de una política ambiental y sanitaria eficaz.
Ya en 2022 la Justicia había ordenado que la Provincia incluyera en su presupuesto los fondos necesarios para iniciar la obra de tratamiento cloacal propuesta por la propia administración. Sin embargo, según remarcó el juez, esa medida “no fue cumplida”, lo que motivó la decisión de trabar embargo para asegurar el financiamiento inicial del proyecto.
El magistrado también rechazó los argumentos vinculados a la falta de recursos del Estado bonaerense. En resoluciones previas recordó que el costo de la obra representaba apenas el 0,67% del presupuesto provincial, por lo que la postergación no se explicaría por falta de financiamiento sino por decisiones de asignación de recursos.
La decisión judicial se adoptó luego de una inspección ocular realizada por el propio juez en las márgenes del Arroyo El Gato y en sectores cercanos a su desembocadura en el Río de la Plata. Allí se constató nuevamente el incumplimiento de las tareas ordenadas, lo que quedó registrado en actas y material fotográfico incorporado al expediente.
El fallo también dispuso solicitar asistencia técnica a la Facultad de Ingeniería de la UNLP para evaluar cómo debería ser un sistema mecanizado eficiente de retiro de residuos sólidos en el arroyo y sus márgenes, y eventualmente verificar su correcta implementación.
La orden de embargo llega además en un contexto de advertencias científicas sobre el impacto sanitario de los vertidos cloacales en la región. Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del Conicet describió una “alarmante situación ambiental y sanitaria” en las playas de Berisso.
Según ese estudio, el vertido de efluentes sin tratamiento convirtió áreas recreativas en zonas de riesgo para la salud. Los análisis microbiológicos revelaron niveles extremos de contaminación: mientras la normativa establece un límite de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros para el vuelco en cursos de agua, en la descarga cloacal se registraron valores promedio cercanos a 7,1 millones.
En paralelo, la organización ambiental Nuevo Ambiente solicitó que no se aplique el aumento tarifario de la empresa Aguas Bonaerenses. La entidad sostiene que el sistema cloacal funciona de manera incompleta y que la planta de pretratamiento ubicada en Berisso resulta insuficiente para tratar el volumen de efluentes generado por las tres ciudades de la región.
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