viernes 12 de julio de 2024

La Defensoría del Pueblo le reclamó al Gobierno que retroceda con la quita de subsidios en luz y gas

La Defensoría del Pueblo que conduce Guido Lorenzino advirtió que esta medida hará que muchos usuarios caigan en la pobreza energética.

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La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al Gobierno nacional que deje sin efecto la aplicación del decreto que les quita los subsidios a los servicios de luz y gas a los usuarios de ingresos bajos y medios por el impacto que tendrá en las economías de esas familias.

“Es una medida que provoca que miles de usuarios y usuarias caigan en lo que se llama pobreza energética, ya que quedan totalmente desamparados a la hora de pagar las facturas, lo que en un contexto de crisis y aumentos generalizados es la peor situación posible”, indicó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

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En su reclamo el organismo también le solicitó a la Secretaría de Energía que informe la cantidad de usuarios y usuarias que serían alcanzados por este esquema, que nivela desde junio a los de ingresos bajos y medios (N2 y N4) con los de ingresos altos (N1).

“Entendemos la realidad del sistema energético, pero siempre pedimos que las tarifas sean racionales y proporcionales para que las personas no sean la única variable de ajuste, sobre todo en un contexto en que la economía familiar está en jaque”, finalizó Lorenzino.

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El defensor del pueblo, Guido Lorenzino

El defensor del pueblo, Guido Lorenzino

Con el decreto que rechaza la Defensoría, el gobierno nacional busca reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas para "trasladar los costos reales" a las y los usuarios. La medida se aplicará desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y podrá ser prorrogada una única vez.

El Gobierno avanza con la quita de subsidios en luz y gas

El Gobierno avanzará en la eliminación de los subsidios energéticos generalizados y para eso fijó entre junio y noviembre de 2024 un período de transición en el que buscará que los hogares que todavía cuentan con asistencia estatal, paguen la totalidad del servicio. Son los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3).

Mediante el Decreto N° 465, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se determinó "la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible".

De esta manera, se dará inicio a un esquema de 6 meses, prorrogable por otros 6; para aplicar un "traslado de manera progresiva" del costo energético, que a la vez otorga -según dice el Decreto- un plazo prudente para que los usuarios puedan prever sus consumos y el correspondiente gasto energético.

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La quita de subsidios impactará de lleno en las economías familiares

La quita de subsidios impactará de lleno en las economías familiares

Con el sistema gradual de quita de subsidios, además, el Gobierno pretende evitar cualquier acción judicial contra el incremento tarifario, según detalló el sitio TN.com.ar.

Básicamente, se establecerán por mes un tope de consumo máximo de gas y luz a subsidiar y un sistema de "bonificaciones o descuentos" a los usuarios residenciales de bajos y medios, según el ingreso y ubicación de cada hogar. Para eso se llamará a todos los usarios a reempadronarse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).

El Ejecutivo empieza a acercarse al régimen de subsidios basado en una Canasta Básica Energética (CBE) que contemple las necesidades esenciales de consumo de electricidad y de gas de los hogares según su ubicación y época del año.

Se esperaba que la CBE estuviera lista para mediados de año, pero su implementación se demoró por la complejidad en acceder a datos, con un RASE en el que muchos usuarios no se registraron aun cuando está vigente desde mediados de 2022. Se trata de un universo de 10 millones de usuarios con subsidios que permitiría pasar a un esquema concentrado con "aquellos que realmente lo requieran", según indican en el Gobierno.

De esta manera, se estableció que "la ayuda estatal se limitará a un determinado volumen de energía, tanto de electricidad como de gas, a fin de evitar consumos irresponsables y alentar la eficiencia en la administración de los recursos naturales".

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