La diputada Julieta Quintero Chasman presentó un pedido de informes para conocer deudas, pagos y cómo se distribuyen los subsidios al transporte en el AMBA.
La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó un nuevo capítulo en medio de reclamos por la caída en la calidad de los servicios de micros. En las últimas semanas, se registraron reducciones en la frecuencia y crecieron las quejas de los usuarios.
Detrás de esa situación, las empresas del sector apuntaron a los atrasos en el pago de subsidios y a la falta de actualización de los costos operativos, un combo que impacta de lleno en el funcionamiento del sistema y en la prestación diaria.
El gobierno nacional realizará una transferencia para sostener las frecuencias de los micros en el AMBA en medio de la crisis por costos y deudas con el sector.
El INDEC dio a conocer la inflación de marzo y ya se sabe cuánto subirán los boletos de micros en La Plata y la región, por la actualización automática.
En ese contexto, avanzó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para conocer en detalle qué está pasando con los fondos destinados al transporte.
La iniciativa fue presentada por la diputada bonaerense Julieta Quintero Chasman, quien puso el foco en la necesidad de contar con información precisa sobre deudas, pagos y mecanismos de control.
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Transporte que detallen el monto total adeudado a las empresas prestatarias, las líneas afectadas, los períodos impagos y los criterios utilizados para distribuir los subsidios.
En los fundamentos, se advierte que la falta de datos públicos claros sobre estos puntos genera incertidumbre y limita las herramientas de control tanto del Poder Legislativo como de la ciudadanía.
Además, la legisladora alertó sobre posibles escenarios de discrecionalidad en la asignación de recursos, lo que podría derivar en inequidades entre las empresas y, en consecuencia, en diferencias en la calidad del servicio según la zona.
Otro de los ejes del pedido apunta al impacto directo en los usuarios. La reducción de frecuencias, remarcan, implica mayores tiempos de espera, incertidumbre y un deterioro general del sistema de transporte.
En ese marco, también se subraya la necesidad de contar con información "detallada, actualizada y verificable" para evaluar el funcionamiento del esquema vigente y analizar eventuales reformas.
Por último, la iniciativa busca que la Legislatura bonaerense disponga de herramientas concretas para avanzar hacia un sistema más transparente, equitativo y eficiente, en un contexto donde millones de pasajeros dependen a diario del servicio.