El Gobierno advirtió a CTERA por el paro docente y recordó que la educación es un servicio esencial con una cobertura mínima del 75%.
El Gobierno argentino le advirtió a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) que deberá garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo durante el paro convocado por los docentes para el próximo lunes.
Ante la convocatoria de CTERA a un paro nacional, el Ministerio de Capital Humano recordó este viernes que se encuentra vigente la Ley de Modernización Laboral que establece a la educación como un servicio esencial y, por lo tanto, también prevé que el mismo no pueda ser interrumpido por completo.
La medida de fuerza es convocada por CTERA a nivel nacional y por Suteba, FEB, AMET y Udocba a nivel provincial. El gremio SADOP no adherirá.
La CONADU llamó a un paro de docentes universitarios y las clases no comenzarán tras el receso invernal. Piden que el Gobierno respete la ley de financiamiento.
La cartera encabezada por Sandra Pettovello señaló que el Artículo N°101 de la normativa fija la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual durante las medidas de acción directa y remarcó que la iniciativa prevé sanciones ante incumplimientos de la medida gremial.
Según se explicó, esta disposición busca asegurar los servicios mínimos y los niveles de operatividad previstos por la ley, con el objetivo de evitar la interrupción total de las actividades escolares y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles.
La vuelta a clases tras las vacaciones de invierno se verá interrumpida por la protesta, pero en Capital Humano advirtieron que el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa podrá derivar en sanciones. "El incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables", indicaron en el Ministerio argentino en el comunicado difundido este viernes.
Finalmente, la cartera nacional reafirmó su postura de garantizar la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente, incluso durante el desarrollo de medidas de fuerza.
