La Cámara de La Plata ratificó la responsabilidad del Estado bonaerense por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa y aumentó las indemnizaciones para su familia.
La Justicia confirmó la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, la joven migrante asesinada en 2007 dentro de un edificio estatal de La Plata. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo también resolvió aumentar las indemnizaciones otorgadas a sus familiares al considerar insuficiente la reparación fijada en primera instancia.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I de la Cámara, integrada por la jueza Claudia Milanta y el juez Gustavo Spacarotel, quienes concluyeron que la ausencia de medidas básicas de vigilancia y control en el inmueble donde ocurrió el crimen constituyó una falta de servicio por parte del Estado provincial.
Sandra Ayala Gamboa tenía 21 años y era una joven migrante que buscaba trabajo cuando fue asesinada el 22 de febrero de 2007 en un edificio perteneciente al Estado bonaerense durante la gestión de Felipe Solá. El hecho ocurrió en el ex Archivo del Ministerio de Economía, ubicado en 7 entre 45 y 46, en pleno centro de La Plata.
La demanda fue presentada por los familiares de la víctima, quienes reclamaron una reparación económica por los daños sufridos. En primera instancia, la Justicia había atribuido responsabilidad parcial a la Provincia por la falta de control del edificio, una decisión que luego fue apelada tanto por la Fiscalía de Estado como por los demandantes.
En aquel momento, el Ministerio de Economía bonaerense estaba a cargo de Gerardo Otero, que renunció pocos días después del hallazgo de la joven, el 5 de marzo de 2007.
Al analizar el caso, la Cámara rechazó los argumentos de la Provincia, que sostenía que la conducta del autor material del femicidio debía excluir o reducir la responsabilidad estatal.
Los magistrados entendieron que el inmueble se encontraba bajo control directo del Estado provincial y que la ausencia total de vigilancia facilitó la comisión del crimen. En ese sentido, remarcaron que el edificio carecía de medidas elementales de seguridad, como personal de custodia o mecanismos eficaces para controlar y restringir el acceso.
Según el fallo, la responsabilidad estatal no surge únicamente de la propiedad del inmueble, sino de la omisión de adoptar acciones mínimas para supervisar quiénes ingresaban, permanecían o circulaban por el lugar.
En su voto, la jueza Milanta destacó además que el caso debía analizarse bajo los estándares nacionales e internacionales de protección contra la violencia de género.
La magistrada señaló que Sandra Ayala Gamboa era una mujer joven, migrante y en situación de vulnerabilidad, por lo que el Estado tenía obligaciones específicas de prevención y protección frente a posibles hechos de violencia.
Al revisar las indemnizaciones, la Cámara concluyó que los montos establecidos inicialmente no reflejaban adecuadamente el impacto del crimen sobre la familia de la víctima. Por ese motivo, resolvió incrementar las compensaciones por pérdida de chance y daño moral.
Además, admitió el reclamo por daño psíquico y tratamiento psicológico a favor de la madre de Sandra, al considerar acreditadas las graves secuelas emocionales derivadas del femicidio.
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