El proyecto establece que las multas se seguirán cobrando por las vías legales, pero ya no podrán bloquear el trámite para obtener o renovar el registro.
El diputado provincial de La Libertad Avanza Juanes Osaba presentó un proyecto para modificar la Ley Provincial de Tránsito Nº 13.927 y evitar que las multas de tránsito impidan tramitar o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa mantiene el cobro de las infracciones por las vías legales, pero busca eliminar ese condicionamiento administrativo.
La iniciativa establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de un libre deuda como requisito para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro. Además, dispone que las actas de comprobación, las infracciones en trámite y las multas impagas que no hayan sido juzgadas o no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada no podrán impedir la realización del trámite.
El Ministerio de Transporte reforzó los controles en La Plata y la provincia, fiscalizó más de 24.000 vehículos y detuvo a cientos de conductores alcoholizados.
El Ministerio de Transporte intensificó los controles en la Autopista La Plata-Buenos Aires y sancionó a un conductor por una peligrosa infracción vial.
En esos casos, el organismo encargado de emitir la licencia podrá informar al solicitante sobre el estado de sus antecedentes, aunque esa comunicación tendrá únicamente carácter informativo. El Estado, en tanto, conservará sus facultades para reclamar las sumas adeudadas mediante los procedimientos legales correspondientes.
"El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de presión para agrandar la caja", sostuvo Osaba al fundamentar la iniciativa.
El proyecto deja en claro que las multas de tránsito seguirán vigentes y deberán pagarse. Sin embargo, propone que esas deudas no puedan impedir la renovación de la licencia de conducir y que el Estado continúe reclamando su cobro a través de los mecanismos legales correspondientes.
La iniciativa tampoco modifica las inhabilitaciones ni las sanciones firmes que impidan conducir en la provincia de Buenos Aires o en otra jurisdicción del país. Según sus fundamentos, el objetivo es separar las obligaciones económicas de la evaluación de la aptitud psicofísica y técnica requerida para obtener o renovar el registro.
Los autores sostienen además que ni la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 ni la Ley Provincial Nº 13.927 exigen la presentación de un libre deuda para acceder a la licencia de conducir y afirman que ese requisito fue incorporado por el Decreto provincial Nº 532/09. También remarcan que el Estado ya cuenta con el juicio de apremio para reclamar las multas con sentencia firme y citan antecedentes de tribunales bonaerenses que cuestionaron este tipo de restricciones administrativas.
"Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación", afirmó Osaba.
El proyecto también prevé derogar toda norma, reglamento o disposición municipal que contradiga este criterio. El expediente deberá ahora comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
