La deuda previsional que reclama la Provincia a Nación supera los $2,3 billones. La administración bonaerense cerró la conciliación y avanzará en la Corte.
La Nación no presentó una propuesta para cancelar la deuda previsional reclamada por la Provincia durante una audiencia realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el gobierno bonaerense decidió finalizar la instancia de conciliación. Por ese motivo, avanzará con una medida cautelar para exigir el pago de fondos vinculados al sistema jubilatorio provincial.
La controversia se originó por la suspensión de las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja jubilatoria de los empleados estatales bonaerenses. Según el reclamo provincial, la deuda acumulada asciende a $2,3 billones y corresponde a fondos que dejaron de enviarse desde 2024.
La audiencia realizada este miércoles fue la tercera convocada en el marco del expediente. De acuerdo con lo expresado por Kicillof al finalizar el encuentro, los representantes del gobierno nacional sostuvieron que todavía debían completar trabajos técnicos antes de formular una propuesta. El mandatario provincial confirmó entonces el cierre de la etapa de negociación.
"Dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar", afirmó Axel Kicillof. Además, cuestionó la falta de pagos a Buenos Aires y aseguró: "Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias".
El origen del mecanismo en discusión se remonta a la década de 1990, cuando la provincia de Buenos Aires decidió conservar su propia caja jubilatoria en lugar de transferirla al sistema nacional. Desde entonces, las transferencias nacionales funcionaron como una compensación destinada a cubrir el déficit de los regímenes previsionales provinciales no incorporados a la ANSES.
El conflicto actual comenzó después de que el gobierno de Javier Milei prorrogara el presupuesto mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280 y eliminara los artículos que establecían los anticipos mensuales para las cajas previsionales provinciales. La decisión fue justificada por la necesidad de realizar auditorías sobre los sistemas jubilatorios antes de autorizar nuevos desembolsos.
Desde el IPS sostienen que la interrupción de esos recursos afectó el financiamiento del organismo y motivó la demanda judicial. La primera audiencia se realizó el 22 de marzo, pero las negociaciones no registraron avances concretos y ahora la Provincia buscará una resolución mediante una presentación cautelar ante la Corte.
Mientras continúa el litigio, el gobierno nacional ya acordó mecanismos de pago con otras jurisdicciones. Entre ellas figuran Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Chaco, que alcanzaron entendimientos para recibir transferencias vinculadas a sus respectivos sistemas previsionales.
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