Efectivos de la DDI La Plata realizaron un allanamiento en oficinas de ABES en Plaza Rocha. ¿Qué documentación buscaron y qué se llevaron?
En un nuevo capítulo de una causa judicial que busca esclarecer posibles maniobras de vaciamiento y transferencia de activos de los exdueños de ABES Desarrolladora SRL, el último miércoles al mediodía se realizó un allanamiento en las oficinas de ABES ubicadas en Plaza Rocha, en La Plata.
El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía N° 3, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y contó con la intervención de personal de la DDI. Según pudo saberse, durante el operativo los investigadores buscaron documentación vinculada a las presentaciones judiciales en curso. Como resultado del allanamiento, fueron secuestradas carpetas con documentación considerada relevante para el avance del expediente.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que la diligencia se concretó en las oficinas donde actualmente se encuentra resguardada la documentación de la empresa y de los exsocios. La precisión no es menor: el martes, la DDI se había presentado erróneamente en las oficinas de calle 13, aunque allí no se retiró ningún material, ya que no había documentación relacionada con la causa.
La investigación judicial apunta a reconstruir una serie de movimientos societarios que habrían tenido lugar durante los últimos años, antes del traspaso de ABES a Yacoub. En ese marco, se intenta determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas al vaciamiento de la firma y a la transferencia de activos hacia sociedades relacionadas.
Fuentes judiciales indicaron que la empresa Yacoub se presenta como colaboradora inmediata a fin de poder esclarecer las maniobras sospechadas y aportar toda la información necesaria para el avance de la investigación.
Desde la actual conducción de la empresa señalaron que continúan colaborando con la Fiscalía para aportar la documentación y la información que sea requerida en el marco de la investigación. Al mismo tiempo, buscaron llevar tranquilidad respecto de la marcha operativa de la firma y de sus desarrollos.
Viviana Yacoub se refirió a la situación y sostuvo que "el proceso de reordenamiento de la empresa y sus obras sigue y seguirá como lo planeado". Además, anticipó que en los próximos días podría concretarse "un anuncio muy esperado" en relación con las obras que hoy se encuentran en marcha, rechazando claramente las noticias maliciosas que hablaban de una caída del acuerdo.
Mientras la Justicia avanza con el análisis del material secuestrado, el expediente abre una nueva etapa para intentar determinar responsabilidades sobre la situación patrimonial y societaria de ABES en los años previos al cambio de control. En paralelo, la nueva gestión busca mostrar continuidad en la operatoria y en el desarrollo de los proyectos, en medio de un escenario todavía atravesado por las derivaciones judiciales del pasado reciente de la compañía.
De acuerdo con documentación judicial presentada por particulares damnificados, la actual administradora, Lucrecia Soledad Villar Loos, habría mantenido bajo su control activos que originalmente estaban vinculados a desarrollos inmobiliarios financiados mediante fideicomisos, según surge en la denuncia.
Los denunciantes sostienen que, pese a presentarse públicamente como víctima de maniobras de exsocios de la firma, Villar Loos tendría participación directa en sociedades que concentran bienes provenientes de los proyectos impulsados por ABES.
Según la presentación judicial, Villar Loos sería titular del 98,41% del capital social de LAZZULI S.A. y, a través del Fideicomiso Testamentario "ROMEOPET", controlaría el 57% de ABES.
En la denuncia se señala que varias sociedades del grupo habrían funcionado como vehículos para concentrar activos inmobiliarios vinculados a los emprendimientos financiados por inversores.
Entre ellas figuran ENKI REAL ESTATE S.R.L. y LAZZULI S.A., compañías que, según la presentación, habrían recibido propiedades adquiridas con fondos provenientes de fideicomisos inmobiliarios administrados por ABES.
El documento también sostiene que estas firmas no registraban actividad económica propia capaz de justificar la adquisición de determinados inmuebles, lo que reforzaría la hipótesis de que los bienes fueron transferidos desde los proyectos inmobiliarios financiados por inversores.
En ese marco, el abogado Alberto Gustavo Rodríguez, representante de los particulares damnificados, solicitó que se notifique a Villar Loos sobre la formación de una causa penal en su contra conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
El planteo incluye además pedidos de medidas cautelares, entre ellas el embargo de rentas provenientes de inmuebles vinculados al grupo y la inhibición de bienes que habrían sido transferidos a terceros.
La investigación también apunta a determinar el funcionamiento del denominado "grupo económico ABES" y el circuito de sociedades que habrían participado en la administración de los fideicomisos inmobiliarios.
Mientras tanto, el conflicto continúa generando expectativa entre los inversores y compradores de distintos emprendimientos que aún esperan la finalización y entrega de unidades en edificios desarrollados por la firma en la ciudad de La Plata.
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