El Ministerio de Trabajo de la Nación publicó una resolución aclaratoria sobre el decreto que estableció el pago de la suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado en el caso de que tengan un régimen inferior a las ocho horas.
La explicación brindada por la ministra de la cartera laboral, Kelly Olmos, corresponde al cálculo de las horas efectivamente trabajadas por un empleador para el cálculo del bono, en caso de que la persona de mantener una laboral inferior la convencional (8 horas).
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"El monto total de la asignación será calculado sobre los salarios devengados en el mes de agosto de 2023 y será abonado en dos (2) cuotas iguales y consecutivas con vencimiento, la primera de ellas, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del 1°de septiembre de 2023 y, la segunda, con los salarios a abonarse en el mes de octubre", señala la resolución.
Aclara que "cuando la prestación del servicio fuese menor a la jornada legal o convencional, el monto total de la asignación será calculado proporcionalmente a la cantidad de horas efectivamente trabajadas".
Otro punto que fue aclarado tiene que ver con la definición de "salario neto" ya que el bono fue fijado para sueldos menores o iguales a los 400.000 pesos netos. "Llámese al importe que surge de deducir del salario bruto los aportes personales que corresponden al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N°24.241, sus modificatorias y complementarias", agregó la resolución aclaratoria del DNU.
El texto oficial señaló también que "el objetivo es impulsar el desarrollo productivo articulado con la creación de empleo formal y la mejora de los ingresos reales de la población". "En virtud del incremento de presiones inflacionarias como resultado de la devaluación, resulta necesaria la implementación de un aumento de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, público y de casas particulares. De esta manera se permitirá mitigar la caída de los salarios reales al menos hasta que la negociación colectiva consiga recuperar el poder adquisitivo perdido", se explica en los fundamentos de la normativa.