Un jurado ciudadano declaró por unanimidad “no culpable” a la agente penitenciaria oriunda de La Plata, Eliana Heinderlecht, quien fue procesada por la muerte del interno Federico Rey (30) durante el motín en la Unidad 42 de Florencio Varela. Los internos reclamaban mayores medidas sanitarias luego de la aparición del primer caso de coronavirus. El caso ocurrió a mediados del mes de abril de año 2020, en la etapa más dura del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus producida por el virus COVID-19.
Llegó a juicio procesada por un delito que se paga con prisión perpetua. Pero el jurado, tras escuchar a testigos y los alegatos de los abogados platenses Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, declararon que la acusada no es culpable del delito reclamado.
El fiscal de juicio Dino Maistruk había solicitado condena por “homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad”, pero la defensa le dio musculatura a la no culpabilidad al considerar que “no se acreditó la autoría responsable de parte de Heinderlecht”. Finalmente, la segunda posición fue la que prosperó.
Heidenreich era jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAyS) cuando el 22 de abril del año 2020, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, se dirigió armada con una escopeta calibre 12/70 de la fuerza al muro perimetral de la prisión para actuar ante una protesta de un grupo de presos que había subido a los techos para hacer visible su reclamo para conseguir la prisión domiciliaria.
La imputada se ubicó entre los puestos 2 y 3 del muro y estuvo acusada de haber disparado con cartuchos multipropósito -que tienen munición de plomo, prohibidos para el uso en unidades penitenciarias “salvo riesgo de ataque externo”- que mataron a Rey, según consta en la elevación a juicio. Rey, un joven oriundo de la localidad de Monte Grande, estaba con prisión preventiva desde 2018 por el delito de robo y murió prácticamente en el acto en el techo del penal, donde se desplomó tras recibir los impactos de los perdigones de plomo.
La oficial penitenciaria, quien actualmente se encuentra separada de sus funciones y sometida a un sumario administrativo, llegó al debate en libertad desde agosto de 2020, cuando fue excarcelada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, que consideró que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Antes la había beneficiado con un cambio de calificación de la causa a “homicidio culposo”, es decir, sin intención.
Por esta misma causa se espera un segundo debate oral a otros dos integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el subprefecto Gastón Darío Abila y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi.
El juez técnico fue Jorge Moya Panicello, ex titular del Juzgado de Garantías 2 de La Plata y actual integrante del Tribunal Oral Criminal 1 descentralizado de Florencio Varela, que pertenece al departamento judicial de Quilmes.
