En medio de una serie de incidentes que se registraron este jueves en inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires se produjo la muerte de Facundo Molares Schoenfeld, un hombre de 47 años de vasta trayectoria militante que en Colombia fue integrante de las FARC. También es un fotoperiodista que entre otras cosas había estado preso en Bolivia cuando estuvo cubriendo las alternativas del golpe de Estado contra Evo Morales.
En 2022 estuvo preso en la cárcel de Ezeiza a la espera de una posible extradición a Colombia, cuyo gobierno lo reclamaba por su actuación en el grupo guerrillero. Finalmente fue liberado.
Según una perfil elaborado hacer algún tiempo por Página 12, Molares Schoenfeld nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y al poco tiempo decía que quería ser como Ernesto Che Guevara. Comenzó a militar en la Juventud Comunista y su actividad lo llevó a recorrer Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile y Bolivia hasta llegar a Colombia. Allí se sumó a las filas de las FARC.
En 2020 llegó a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trabajar como reportero gráfico y para apoyar a Evo Morales, según cuenta su padre Hugo Molares, juez de Paz de Trevelín, Chubut. "Vive sin preocupaciones materiales, siempre preocupado por los demás", lo define. Para su compañera desde los 14, Mónica Glomba, "siempre se caracterizó por ser muy vehemente y claro con sus ideas". Si bien ya militaba, era un estudiante cuando ocurrió el estallido social y la rebelión de diciembre de 2001, y esas jornadas lo marcaron para convertirse en insurgente. Bajo el alias de "El Argentino" o "Camilo" fue uno de los pocos extranjeros que se destacó en el grupo guerrillero colombiano.
Nunca atendió bien su salud, a pesar de padecer diabetes y problemas hepáticos y cardíacos. Resultó herido a fines de octubre de 2019, en la localidad boliviana de Montero, donde también murieron dos personas vinculadas a los denominados 'cívicos', de la ultraderecha. Fue en medio de los enfrentamientos y protestas posteriores a las elecciones.
El 11 de noviembre fue detenido en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, donde había sido trasladado en estado de coma inducido por una severa insuficiencia renal desde una sala de primeros auxilios en Montero. Estaba acusado por supuesto homicidio, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir durante los conflictos que se desataron después de las elecciones generales.
En diciembre de 2020 le concedieron la extradición para volver a la Argentina, a instancias de organismos de derechos humanos y de la Cancillería, y regresó. Ya por entonces había cambiado el uniforme y el arma por la cámara fotográfica, "seguía queriendo cambiar el mundo pero desde la comunicación popular", según relata su familia.
