El exjuez de Garantías de La Plata César Ricardo Melazo, detenido y acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, sigue peleando por su libertad. Lleva 4 años y 6 meses tras las rejas y el próximo lunes se conocerá el veredicto del juicio oral. El 23 de febrero sus abogados Christian Romano y Juan Pesquera presentaron un habeas corpus "que nadie quiere resolver", según expresó el primero de ellos ante la consulta de 0221.com.ar y apunta "contra la prisión preventiva arbitraria que de modo actual e ilegal, mantiene en una cárcel" al exjuez.
Para la defensa "no se cumple" con el artículo 409 del Código de Procedimientos que establece: "El Órgano que conozca en el Habeas Corpus, solicitará de inmediato al autor de la medida informe escrito, el que deberá responderse en un plazo no mayor de 12 horas". Pasaron 7 días.
Tras el juicio oral los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo pidieron que Melazo sea condenado a 16 años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita "en calidad de jefe", tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional -9 hechos-, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil- 4 hechos- y encubrimiento en concurso real.
También se pidió que se investigue la participación de Melazo,"en calidad de autor intelectual", en el crimen de Juan Farías, quien se cree era miembro de la banda y lo asesinaron en un presunto ajuste de cuentas interno tras cometer un millonario robo.
A su vez, los fiscales requirieron que se investigue si el exmagistrado y otros dos imputados incurrieron en presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de dinero.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Melazo tenía "una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita" y que su situación patrimonial "no se corresponde a los ingresos corrientes del poder judicial" y es un "indicio más" que avala ese rol delictivo.
Sibuet y Huergo afirmaron que "diez sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos de diversa naturales, escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi".
"Melazo está sindicado como jefe de esa organización", remarcó Sibuet y agregó que el exjuez "conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante".
Por su parte, Huergo dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o algún miembro de su familia; la propiedad de lotes en Cariló, una propiedad en la localidad de Gorina; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias, como, por ejemplo, retiros de 3.690.000 pesos y 2.600.000; compras de dólares. También viajes a destinos como Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países. "No nos quedan dudas que la situación patrimonial de Melazo no se corresponde con los ingresos corrientes del poder judicial, de las categorías que tuvo en esos años y por eso consideramos que este breve racconto es un indicio más de que efectivamente tuvo participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita que cometió delitos para enriquecerse con su producción", indicó Huergo.
Además, los fiscales pidieron que el policía Gustavo Bursztyn sea condenado a reclusión perpetua como coautor de asociación ilícita en calidad de "organizador"; robo calificado por abuso de arma en concurso real con portación de arma de guerra y homicidio criminis causa y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional.
Para el policía Gregorio Mena, Adrián Manes, Carlos Barroso Luna, Héctor Vega y Martín Fernández también solicitaron la reclusión perpetua como "cointegrantes" de una asociación ilícita, robo calificado por abuso de arma y homicidio criminis causa.
Mientras que, para Carlos Bertoni, 6 años por asociación ilícita; Enrique Petrullo, 4 años por tráfico de influencias; Marcos Chiusaroli, a 1 año y 6 meses por tenencia de arma de fuego de uso civil.
Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integraban una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".
Además, "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y Melazo se presume brindaba protección a la banda.
Por su parte, el exjuez renunció a su cargo en junio de 2017, cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su accionar.
ESTRADOS INTERNACIONALES
Melazo demandó al Estado Argentino por lo que considera una violación de sus derechos humanos. En una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el exmagistrado dijo tener problemas de salud, denunció estar privado de la libertad hace casi cinco años y, pese a que no existiría peligro de fuga ni entorpecimiento a la labor judicial, indicó que se le han rechazado sistemáticamente todos los pedidos de morigeración de su situación de detención. Esto es, una prisión domiciliaria.
El exjuez también mencionó una persecución por parte del gobierno de Mauricio Macri, haciendo especial hincapié en la que fuera Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Dijo que ante esas presiones decidió renunciar a su cargo de magistrado, tras lo cual fue imputado, detenido y juzgado, con testigos que habrían sido, según sus palabras, apretados para que declaren en su contra.
Mencionó que, pese al tiempo de detención y que el delito del que se lo acusa empieza en una escala de tres años, fundó su petición en normas que emanan de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Melazo fue crítico del actual Procurador bonaerense Julio Marcelo Conte-Grand, entre otros funcionarios, a quien lo vinculó a una supuesta “mesa antisindical”, como paralelo al aparente armado de causas. En ese caso, contra el ex titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
Para el exjuez, se han violentado su libertad, integridad física y psíquica y la vida misma, por lo que requirió su caso sea objeto de análisis para una resolución favorable del mismo.
