Los estacioneros de todo el país habían amenazado a mediados de enero pasado con suspender todas las operaciones realizadas con tarjeta de crédito a causa de las "las deficiencias del sistema de cobro", pero en una reunión de comisión directiva de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) se decidió dar marcha atrás con la medida, que debía empezar a regir en los próximos días. Los empresarios indicaron que se sostendrá la posibilidad de pagar el combustible a través de este método, pero se resolvió además "intensificar sus reclamos por la vía legislativa en pos de ponerle fin a los perjuicios provocados diariamente" por los plazos de pago.
Los dirigentes reafirmaron la existencia de demoras en los plazos de acreditación y las comisiones fijadas por las compañías emisoras de los plásticos, el meollo de la polémica desatada en medio de los anuncios realizados por las compañías que expenden combustible.
"El objetivo es lograr la modificación de la ley 25.065, que permita establecer definitivamente como tope el 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzcan a 48/72 horas", remarcó la CECHA en un comunicado difundido en las últimas horas.
En ese marco, el vicepresidente de esa organización, Vicente Impieri, explicó que esta semana se presentaron ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación y solicitaron ser citados de manera urgente "para plantear nuestra posición y poder avanzar en el tratamiento del proyecto en cuestión”.
Entre los argumentos de las estaciones de servicio para dejar de aceptar tarjetas de crédito estaban las demoras en la acreditación del dinero -que hoy es de 10 días-, el alto costo operativo -la comisión de tarjetas de crédito es del 1,8%- y el moderado aumento de los combustibles -que subieron por debajo de la inflación en los últimos 2 años, a raíz de los controles del Gobierno-.
Según argumentaba el sector, la combinación de estos factores había afectado su rentabilidad a tal punto que ponían en riesgo su funcionamiento, aunque finalmente decidieron no avanzar con la medida.
