Los docentes de La Plata que sostienen la inocencia de Lucas Puig, el maestro de música que fue condenado a 35 años de prisión acusado de abusar sexualmente de dos nenes de 4 años del Jardín San Benjamín de Los Hornos, realizaron este sábado una marcha de antorchas y leyeron un duro documento en el que claman por la inocencia del condenado, cuestionan el accionar de la Justicia y de las familias que promovieron un juicio al que califican de "dimensiones vergonzantes".
La marcha, que llegó a ocupar entre dos y tres cuadra, arrancó pasadas las 18 desde el edifico de Fiscalías de 7 entre 56 y 57, lugar donde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 sentenció al docente en un fallo unánime, por “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravada por ser encargado de su educación en concurso ideal con corrupción de menores”.
Portando velas y carteles en favor de Puig, caminaron hasta 60, de allí bajaron 12 hasta 57, desde donde se dirigieron a la Dirección de Cultura y Educación, donde se leyó el documento.
Fue la segunda jornada de protesta en rechazo al veredicto judicial, luego del paro de 24 horas que repercutió con fuerza en muchos colegios de La Plata y la movilización en el centro de la ciudad que culminó con un acto en plaza San Martín, en donde se exhibieron pancartas y pasacalles con la leyenda “Lucas inocente, fuerza Lucas”.
El documento está firmado por la "comisión por la libertad y absolución de Lucas Manuel Puig" y arranca con un recorrido por el inicio de la causa en marzo de 2010 y carga contra una de las familias denunciantes, a la que se acusa de tener "estrechos vínculos con diferentes funcionarios y funcionarias de nuestro desprestigiado Poder Judicial" y se habla de una "inverosímil denuncia" que "sostenía que en apenas 10 días de clases, un docente de música había abusado de casi 30 niñas y niños con la complicidad de miembros de la institución escolar, justamente en el período de adaptación en el que las niñas y los niños asisten menos horas y muchas veces en compañía de sus familias".
Se considera que aquellos vínculos permitieron una "ilegal prisión del docente" que "duró poco, porque cuando comenzó a investigar, luego de la detención, la pericia oficial solicitada por la fiscal Virginia Bravo dio como resultado que ninguno de los niños y niñas peritados mostraba señales de abuso". Relatan que producto de aquello todas las familias, salvo las dos que llegaron a juicio, desistieran de la denuncia. "Entendieron que ese relato, en el que se involucraba a sus hijos en situaciones aberrantes, no había ocurrido", afirman los docente.
Los docentes insisten varias veces en el documento con los vínculos judiciales de las familias denunciantes y lo relacionan con el avance que la causa tuvo en la justicia, incluso después de juicio absolutorio de 2015, cuando por el beneficio de la duda el docente quedó desligado de la causa, y la posterior reapertura. "Gracias a oscuros vericuetos legales, la familia denunciante logró que los jueces de Casación Celesia y Ordoqui anularan la sentencia absolutoria y ordenaran la realización de un segundo juicio. Precisamente el juez Ordoqui, después de esta sentencia, fue suspendido de su cargo –y actualmente está a punto de ser destituido y posiblemente detenido– acusado de integrar una banda que otorgaba beneficios procesales a cambio de dinero", afirman.
Finalmente cuestionan el nuevo juicio, concluido esta semana con la condena a 35 años. "En junio de 2022 arrancó el nuevo 'juicio', pero esta vez con dimensiones vergonzantes. Los relatos se acomodaron caprichosamente. Sin más elementos que las declaraciones de las familias denunciantes, ahora se sostuvo que los hechos habían ocurrido en 2009 y no en 2010. Incluso, uno de los denunciantes, mientras declaraba frente a los jueces, amenazó de muerte a Lucas sin que los funcionarios judiciales intervinieran ante la alevosa comisión de un delito obrante en el Código Procesal Penal", afirman.
Plantean además que "los jueces negaron sistemáticamente los pedidos de la defensa, el docente fue condenado por unanimidad a una pena desmesurada, contando como único elemento los relatos de las familias denunciantes y lo que es más grave, desestimando con preocupantes argumentos los testimonios de las Peritos Oficiales, así como los de las maestras".
Recuerdan que esas maestras "declararon que el docente nunca estaba solo con los alumnos y las alumnas, y que la dinámica de la institución, tanto en sus normativas como en sus rutinas, y hasta por su diseño arquitectónico, vuelve imposible que algo así suceda. El Fiscal y los Jueces hostigaron a las docentes por sus declaraciones, sosteniendo que el hecho de haberse movilizado pidiendo verdad y justicia sería razón suficiente para desestimar sus testimonios".
Y suman: "Se llegó a sostener que otros miembros de la institución escolar, sin más relación con el docente que las escasas horas de trabajo compartidas, sean considerados partícipes necesarios de un hecho tan aberrante como imposible".
Y cierran con un planteo a la Justicia: "Confiamos en que existen dentro del Poder Judicial personas comprometidas con la verdad y la justicia. A ellas y ellos les decimos que es tiempo de actuar. Les pedimos que hagan lo que tienen que hacer. Este fallo no sólo envía sin pruebas a un inocente a la cárcel, sino que constituye un ataque a las y los docentes y a su libertad de protesta y movilización. Es un ataque a todas y todos los trabajadores de la educación, que con su entrega y disposición de lucha por la verdad y la justicia, ¡de lo único que son partícipes necesarios es de un futuro mejor!".
EL DOCUMENTO COMPLETO
