Por medio de un comunicado, la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola celebró la medida adoptada por el magistrado, que atiende así al pedido de la cautelar elevado en el mes de junio contra el convenio que las partes habían firmado el año pasado. Para los asambleístas se trata de un triunfo de "este colectivo popular en el marco de la lucha por la preservación de nuestra Reserva de Biósfera". Y se explicó que "la resolución tiene alcance tanto al Gobierno Provincial como al Gobierno Nacional y se le exige un estudio de impacto ambiental" que debiera presentarse en un plazo de 10 días.
Tal como informó 0221.com.ar, en el documento que se firmó el pasado 15 de octubre 2021 se establecen acciones de cooperación técnica entre el Ministerio y la UNLP con el objetivo de cosechar madera redonda de la forestación industrial de eucaliptos implantados del sector de la reserva que estuvo en manos de Massuh, la empresa que hace 20 años fue autorizada para realizar tala y otras actividades en esa zona de la reserva. Tras declararse en quiebra, la Provincia recuperó estos terrenos.
La idea es que esa madera será transportada al Centro Tecnológico de la Madera (CTM) de la Universidad para su procesamiento industrial (aserrado) y sea utilizada como insumo fundamental de los cursos gratuitos de capacitación en construcción de viviendas panelizadas en madera construidas mediante el sistema de entramado.
Desde la publicación de este convenio, las críticas se hicieron escuchar desde varios sectores para evitar que el mismo se ponga en marcha. Es por eso que impulsaron una fuerte campaña en las redes sociales para visibilizar lo que, a su criterio, será una tala indiscriminada. “Nos parece totalmente inoportuno. Este es un momento donde la humanidad está reclamando medidas excepcionales para frenar el cambio el climático, que nos puede llevar a una situación complicada, que aparezca una idea de deforestar. Cuando los árboles, humedales y océanos son los elementos que tiene el planeta para contener el dióxido de carbono. No son los momentos para analizar desde laboratorio, hay que ir al territorio y ver esa realidad”, le dijo a 0221.com.ar Ernesto Salgado, integrante de Asamblea de la Reserva de la Biósfera del Parque Pereyra. Y agregó: “Todo el mundo se está rasgando las vestiduras diciendo que va a plantar árboles pero acá se hace un convenio para producir una deforestación de alrededor de 200 hectáreas. No se entiende cuál es la lógica”.
Por su parte, los integrantes del CTM difundieron un minucioso informe para dar a conocer de qué se trata este acuerdo y cuáles son las acciones que se van a desarrollar en este terreno, ubicado en la zona del Parque donde se encuentra la Estancia Santa Rosa y la Estancia San Juan.
“En nuestro informe contamos porque las acciones que vamos a realizar son técnicamente legales y viables. Ese bosque de eucaliptus implantado hace mucho tiempo está fuera de lo que es el bosque nativo y está por fuera de cualquier ley de bosque de la provincia de Buenos Aires”, había manifestado en diálogo con 0221.com.ar el exDirector del CTM de la UNLP, Luis Martinelli. En ese sentido, agregó que “esto es sustentable porque el grado de intervención, es decir, lo que se va a cortar es mínimo. En total son 150 hectáreas y nuestra intervención anual no supera las tres hectáreas. Necesitaríamos 50 años para cortarlo y eso en caso de que el bosque no vuelva a crecer”.
EL INFORME DE LA UNLP
En el informe titulado “Cosechar una plantación forestal no es deforestación”, los profesionales y docentes del CTM y la facultad de Agrarias detallaron los pormenores de este acuerdo. “La forestación objeto del presente convenio es una plantación industrial realizada por la empresa Massuh S.A., en el marco de un convenio celebrado en 1990 con el entonces Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo fue producir madera de Eucalipto para uso industrial, destinada al abastecimiento de la planta celulósica de la empresa ubicada en el Partido de Quilmes”, indicaron los especialistas.
A su vez, aclararon que “debemos tener presente que la forestación de eucaliptos 'ex Massuh' es un recurso valioso que se encuentra disponible para su uso y que el paso del tiempo sin intervención conlleva al deterioro paulatino de la madera en pie allí existente. La extracción ilegal de madera, los incendios forestales en períodos estivales y la proliferación de especies invasoras de difícil control como la Acacia negra disminuyen anualmente el valor de dicho recurso”.
Por último, indicaron que la “Forestación ex Massuh” no es un bosque nativo “por tratarse de una plantación de especies exóticas de rápido crecimiento y con fines industriales realizada por el hombre, la misma no está sujeta a los alcances de la Ley 14.888 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Buenos Aires (OTBN)”. Y aclararon que los terrenos “se encuentran ubicada dentro del sector C1 denominado "Transición de uso productivo", al igual que muchas producciones hortícolas en actividad a cielo abierto y bajo cubierta”.
“La palabra deforestación alude al proceso de cambio de uso del suelo en tierras de bosque nativo, en el que la cubierta boscosa es eliminada y reemplazada por otra actividad. Cosechar una plantación forestal no es deforestación”, concluyeron los especialistas.
MOVILIZACIONES
A pesar de la difusión de este informe, los asambleístas no quedaron conformes con la explicación técnica y legal de este acuerdo y con los beneficios que tendrá para el Parque. “Hubo un informe de la Universidad, del centro de la Madera. Ahí hay un análisis tecnócrata de la situación. Se habla de la entrega de viviendas ante la falta de viviendas pero yo me preguntó dónde van a hacer esas viviendas de tronco… En el Conurbano bonaerense o los lugares más desprotegidos. No va a ser ahí donde van a estar las viviendas de tronco”, planteó Salgado.
Es importante señalar que desde la Asamblea no se oponen a que haya convenios con la UNLP, sino por el contrario, entienden que hay muchas cosas útiles que podrían hacer pero integrándolos a la discusión. “Lo que se trata es de intercambiar contenidos”, indicaron.
En las distintas movilizaciones que realizaron para visibilizar la situación, consideraron que se podría hacer las siguientes prácticas: "trabajar en la reposición de los arboles históricos que se caen para mantener las líneas paisajística que son parte del patrimonio provincial; hacer controles fitosanitarios para conocer la salubridad de los individuos arbóreos para que no caigan sorpresivamente arriba de autos o personas; llevar adelante un control de especies exóticas invasoras como la acacia negra y ligustro que avanzan matando especies nativas inutilizando territorios; y la madera la pueden obtener retirando del Parque los árboles caídos por distintos motivos".
En ese marco, los asambleístas decidieron llevar la cuestión a la justicia, en donde lograron suspender el convenio hasta que se haga un estudio de impacto ambiental. “Esta resolución es una suspensión del convenio hasta tanto se determinen los estudios de impacto ambiental”, aseguró el abogado de la Reserva de Biósfera, Alfredo Carrilli Ciciro.
Por su parte, Salgado consideró que “este es un primer paso” y remarcó que “solo es una suspensión y no sabemos que puede hacer el ministerio”. “De cualquier manera se inicia un camino judicial muy importante que nos abre la posibilidad cierta de no solo parar la tala, sino entrar en otros aspectos como la reglamentación para el parque, o la unificación de la dirección bajo una sola cartera provincial”, concluyó.
