La defensa del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien deberá enfrentar un juicio oral acusado de irrumpir en una sesión de la Legislatura bonaerense, solicitó como planteo central la nulidad de la causa y en subsidio requirió que se aparte al fiscal Marcelo Romero como el representante del Ministerio Público Fiscal de cara al debate oral, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Criminal II de La Plata donde está radicado el expediente.
Tal como informó este medio, el 15 de julio pasado, el Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, designó a Romero para que impulse la acusación en el marco del juicio oral.
El abogado Javier Percow, defensor de Secco y de otros dos procesados, señalo en su escrito que "este nuevo acto de remoción del fiscal preestablecido (Juan Pablo Caniggia) por el fiscal Romero es un elemento que esa parte entiende permite renovar el planteo del ejercicio abusivo de las facultades del fiscal general", señalaron las fuentes consultadas.
En rigor, solicitó la nulidad de todas las actuaciones por este "abuso, esta extralimitación" y remarca tres aspectos en el meduloso y puntilloso escrito de 22 fojas al que accedió 0221.com.ar.
La defensa sostiene que existe una "persecución selectiva", una "manipulación" de la causa, que se observa en este acto de designar al fiscal Romero mediante un nombramiento "infundado".
"El infundado decreto de nombramiento del fiscal Romero y la arrebatada e intempestiva remoción del doctor Caniggia en la causa -fruto del arbitrario e injusto uso otorgado por el Fiscal de Cámaras departamental a las atribuciones discrecionales que la ley le concede en la “asignación de causas” penales en el marco del gerenciamiento funcional del Ministerio Público local (…)-, es la razón que excita y aviva la instancia de control en este estamento", se detalla en el documento judicial.
La defensa sostiene que la resolución objetada "dispuso la sustitución del doctor Caniggia por la figura del doctor Romero: Eludiendo invocar motivos y realizando un antijurídico empleo de las facultades discrecionales". Ese cambio de fiscal se realizó de manera "inusitada y sorpresivamente, luego de cuatro años y seis meses continuos e ininterrumpidos de intervención" de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicios (UFIJ) 1 de La Plata integrados por los fiscales Ana Medina, Juan Pablo Caniggia y Graciela Rivero) para que "el doctor Romero (fiscal de instrucción de la UFI 6), continúe con el trámite de las presentes actuaciones".
"El escrito del Ministerio Fiscal no hizo gala expresiva de las causas que sostuvieran y argumentaran la marginación del agente fiscal objetivamente predestinado, y el llamado de uno nuevo en su relevo", señaló el abogado Percow e hizo foco en la "falta de motivación, como el ilegítimo uso de las potestades ministeriales, fueron desde del soplo fundante de los presentes autos, testigos mudos del deteriorado y viciado derrotero persecutorio abierto en el año 2017".
"El flamante acto procesal ahora objetado (Resolución: Romero por Caniggia), logra que las empolvadas y múltiples licencias procesales del Ministerio Fiscal, adquieran un acicalado y vigoroso sentido de ineludible interpelación en este estadio: Un actual y renovado control de legalidad de todos ellos en comunión significativa, en unidad hermenéutica", se detalla en otro pasaje del documento judicial.
El defensor del jefe comunal ensenadense sostiene que existe una persecución selectiva: "La resolución del Fiscal de Cámaras, enhebrada a las demás arbitrarias disposiciones, admite levantar una fuerte sospecha y un lógico y justo temor de lo que en la doctrina penal se denomina, una persecución discriminatoria, desigual o al menos gravemente enigmática en su ajetreada trayectoria".
En caso de no prosperar el pedido de nulidad de la causa la defensa requirió que sean los fiscales de la UFIJ 1 de La Plata (Cannigia-Rivero) quienes eventualmente representen al Ministerio Público Fiscal en el debate oral. Además hizo reserva de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación “al hallarse comprometidos los principios del debido proceso, igualdad y buena administración de justicia (transparencia)”.
Durante la instrucción de la causa actuaron tres fiscales. Comenzó el Juan Cruz Condomí Alcorta, posteriormente recayó en Marcelo Romero, pero fue apartado del expediente cuando estaba a punto de pedir la detención del Jefe Comunal. Finalmente, quedó en manos de la fiscal Ana Medina, quien solicitó la elevación a juicio que fue avalada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata.
Fuentes judiciales recordaron que "Secco enfrenta una acusación que establece penas de 5 a 10 años de prisión, si en el debate se llega a un veredicto condenatorio la pena, una vez que quede firme, podría ser de prisión de cumplimiento efectivo y podría ser inhabilitado para ejercer la función pública".
LA CAUSA
El 14 de diciembre de 2017, mientras se desarrollaba la sesión en la Legislatura provincial, trabajadores del Banco Provincia marcharon en rechazo a la sanción de la reforma jubilatoria para los empleados de la entidad, que figuraba en el temario de proyectos a tratar.
En ese marco, los manifestantes fueron reprimidos por personal policial. Secco, que estaba en la marcha, intentó detener el ataque, juntó cartuchos detonados e ingresó al recinto agitando entre sus manos los proyectiles de posta de goma y gases lacrimógenos disparados contra los trabajadores.
Ese incidente generó la apertura de la causa en 2017. Tras ser imputado, Secco brindó una conferencia de prensa en la que acusó al entonces oficialismo provincial de Juntos por el Cambio de pretender "llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos" en las elecciones legislativas de ese año.
Ese día, el alcalde ensenadense insistió en que se trata de "una causa armada" en su contra y que la entonces gobernadora María Eugenia Vidal quería verlo "preso" para "mandarle un mensaje a todos los intendentes peronistas".
"Están tratando de disciplinar a la dirigencia", aseveró el jefe Comunal, quien reconoció, no obstante, no haber entrado quizás "de una manera correcta" al recinto de sesiones de la Legislatura provincial.
"Es mentira que yo rompí una reja, tal vez no entré de una manera correcta; los diputados me invitaron a entrar a la legislatura y yo entré rodeado de los legisladores", detalló el intendente kirchnerista.
En este sentido, remarcó que, "evidentemente, es una causa armada, algo que no sucedió" porque -según explicó- él no interrumpió la sesión "sino que los legisladores estaban en cuarto intermedio".
"Lo que quieren es meter preso a un intendente; quieren llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos", disparó Secco. Y también sentenció que la entonces mandataria provincial "no me puede disciplinar, no me puede condicionar. Lo mío es ideológico. No me pudieron ganar en las urnas. No me pudieron encontrar nada, me hicieron más auditorías que al Banco Nación, y ahora esto", aseveró entonces.
