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Pidieron la quiebra de la clínica Mater Dei de La Plata por una deuda millonaria

Un proveedor le reclama una deuda superior a los cinco millones de pesos. La causa está en el juzgado Civil y Comercial 4 de La Plata.

Un pedido de quiebra recayó sobre la clínica Mater Dei de La Plata, ubicada en calle 45 entre 13 y 14. La solicitud fue presentada en el juzgado Civil y Comercial 4 de La Plata por el abogado Leandro Schwindt en representación de la empresa Piloña SA con domicilio en la localidad bonaerense de Tandil, según se desprende de la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar.

Se trata de una empresa dedicada a la venta al por mayor de productos farmaceúticos. Puntualmente reclama el pago de 23 cheques de pago diferido emitidos por la clínica y que no fueron saldados. La suma en juego asciende a $5.130.418,90, según surge de la demanda que debe resolver la jueza Gladys Mabel Cardoni.

En el escrito presentado se detalla: “Los referidos valores al ser presentados al cobro fueron rechazados todos por la causal ‘Sin fondos suficientes acreditados en cuenta’, tal como surge de las constancias emitidas por las entidades depositarias al dorso de cada uno de los cheques”.

Además los demandantes aportaron un detalle de todos los cheques rechazados a Mater Dei. En total son 181 documentos no pagados por falta de fondos por la suma de $23.060.004,42.

“En consecuencia, agotadas todas las gestiones tendientes al cobro del crédito y en virtud de la situación de Instituto Médico Mater Dei S.A. que día a día empeora, no queda otro remedio que acudir a V.S. a denunciar el evidente estado de cesación de pagos de la deudora y a solicitar que, como consecuencia del mismo, se decrete su quiebra”, señaló el letrado.

INSPECCIONES Y CLAUSURA

El pasado viernes 24 de junio, el Ministerio de Salud bonaerense ordenó la clausura del centro de salud Mater Dei por múltiples irregularidades en el funcionamiento diario de la institución. La cartera provincial avanzó contra el establecimiento a raíz de las denuncias realizadas por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y las inspecciones realizadas en el lugar, durante las cuales se constató la negligencia de la institución y a partir de lo cual se instó a regularizar las condiciones en que funciona la clínica. Así lo indica la Resolución N° 850 de la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización.

La dramática situación que se vive en el centro de salud no es nueva y en ocasiones previas ya se habían impuesto grandes multas de casi medio millón de pesos contra la institución, que hace tiempo está en una grave situación económica. En medio de las reiteradas infracciones a la normativa vigente y sin respuesta por parte de las autoridades del establecimiento, el Gobierno provincial dispuso entonces la clausura del establecimiento "en atención que la envergadura de las faltas verificadas denota una inadecuada prestación a los asistidos, configurando un flagrante peligro para la salud de los pacientes, sanción que se dispone de acuerdo con el artículo 40 de la Ley N°5116".

Según consta en la citada Resolución, los inspectores descubrieron infracciones a los artículos 9, 10, 12, 16 y 19 del Decreto 450/94 y su modificatoria 403/97 que reglamentan la Ley 11.347, que incluyen faltas, fundamentalmente, sobre el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos producidos por el centro de salud.

En ese marco, tal como informó 0221.com.ar las obras sociales vienen avanzando con el retiro de pacientes de la clínica ya que hasta que no esté vacía no se podrá efectivizar la clausura. El gremio de salud privada ATSA aseguró que tomó medidas en defensa de los trabajadores de la clínica, que se encuentran en una situación de "desprotección laboral, angustia e incertidumbre". "En las últimas horas y para proteger sus derechos se han hecho los reclamos pertinentes ante el ministerio de Trabajo provincial y también legalmente, con el envío de cartas documento para reclamar indemnizaciones y el embargo preventivo del establecimiento", detallaron en un comunicado tras lo sucedido.

Las autoridades de la clínica Mater Dei cargaron con dureza contra el Ministerio de Salud provincial y exigieron un detallado informe sobre las inspecciones realizadas en el lugar y las sanciones impuestas por la Provincia, que no solo incluyeron abultadas multas sino la clausura total de los servicios que se ofrecen.

Los abogados del centro de salud rubricaron una fuerte carta dirigida al Director de Auditoría y Fiscalización Médica de la cartera que conduce Nicolás Kreplak para exigir la entrega, en un plazo de no más de 24 horas, de un informe "detallado y por escrito" sobre las actuaciones realizadas el pasado 10 de junio, cuando se constataron serias irregularidades e infracciones a la legislación vigente y lo que luego motivó la decisión de avanzar con el cierre de la clínica. La misiva lleva la firma del síndico de la entidad, Leandro Baliotta, y se desliga además de las denuncias realizadas por los inspectores ministeriales.

"En 62 años brindando servicios a la comunidad y cumpliendo todas las directivas del IOMA y el Ministerio de Salud, jamás habría ocurrido una serie de hechos (como los que) se ha solicitado investigar, recabar información y avalarlo con prueba para elevarlo al Directorio y al Departamento Jurídico (de la clínica)", reza el escrito al que accedió 0221.com.ar. Las autoridades de Mater Dei desconocen así las infracciones registradas por las autoridades provinciales y por ello solicitan que "en el plazo de 24 horas" se detalle la versión de "su supuesta visita" a la institución.

Consultadas por 0221.com.ar, fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que "la medida de clausura del Instituto Mater Dei tomada por Resolución 2022-850-GEDEBA-SSGIEPYFMSALGP se encuentra plenamente vigente""Esta decisión fue tomada después de una muy extensa cantidad de advertencias y sanciones impuestas desde el año 2016 hasta la fecha. La violación de esta medida de clausura obliga al Ministerio de Salud a tomar medidas que pueden incluir la intervención judicial para le verificación de posibles delitos penales", agregaron como respuesta a la carta difundida por la clínica y detallaron además que las obras sociales fueron notificadas de esas decisiones para evitar traslados hacia las instalaciones del centro de salud y facilitar la salida de quienes todavía siguen alojados en él.

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