Un pedido de destitución del cargo recayó sobre el juez Juan José Ruiz acusado de agravar la pena de una chica trans peruana que había sido detenida con droga en la zona roja de La Plata, por su condición de extranjera. El magistrado llegó al juicio político acusado de “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones” y “toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”, pero la fiscal Patricia Ochoa solo mantuvo la acusación por el segundo cargo. La defensa, a cargo de los abogados Flavio Gliemmo y Brian Álvarez, rechazó la acusación y pidió que se le apliquen las costas económicas del proceso a las entidades y/o personas que denunciaron al magistrado.
En su alegato la fiscal consideró que el juez incurrió en una “defección de la buena conducta” que deben mantener según establece el artículo 176 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
La representante del Ministerio Público Fiscal ponderó las declaraciones de los testigos Jorge Celesia (ex Juez de Casación que quitó la agravante de extranjería en la resolución del caso); del fiscal de Casación Fernando Galán (quien declaró que la agravante va en contra del bloque constitucional) y de las abogadas Josefina Rodrigo y Claudia Grassi, quienes defendieron a la chica trans en el juicio oral a cargo de juez Ruiz que la condenó por tenencia de drogas para su venta.
Para la acusación la ponderación como agravante de la pena de su condición de extranjera es un “acto discriminatorio” que “daña a la investidura conferida”, al tiempo que entendió que la sentencia aplicada es una “resolución infundada y arbitraria”.
Tras analizar la declaración de testigos durante el jury sumado a la prueba que se incorporó al debate por lectura, la fiscal solicitó la “remoción con costas” para el juez Ruiz.
A su terno el letrado Gliemmo consideró que se trata de una “acusación abierta que da lugar a diversas interpretaciones” y no dudó en sostener que el veredicto y sentencia que Ruiz impuso a la detenida es un “fallo fundado y racionalizado” que “en ningún momento habla de raza, sexo o nacionalidad, solo habla de extranjería”.
“El fallo puede ser polémico, pero es fundado y motivado” como exige el marco legal vigente para el ejercicio de la magistratura. La defensa recalcó que “se seleccionó una parte de una sentencia sin tener en cuenta el todo de la misma”.
En relación a Ruiz la defensa señaló que “no tenía problemas con nadie, solo se dedicaba a trabajar, es un juez que enaltece el servicio de justicia de la provincia de Buenos Aires” y consideró “un exceso que se destituya a un magistrado por una sentencia”.
La defensa requirió que se rechace la acusación y se le impongan las costas de proceso a la parte contraria del proceso.
Tras la clausura de los alegatos de cierre, el juez Ruiz hizo uso al derecho de decir sus últimas palabras: “Juro por mi familia que no discriminé a nadie, actué siempre de buena fe”.
La lectura del veredicto será el miércoles 15 de junio a las 11:00 horas.
El jurado de enjuiciamiento está presidido por la ministra de la Suprema Corte, Hilda Kogan. Los legisladores designados son Fernando Compagnoni, Emiliano Balbín y Walter Caruso. La abogacía está representada en María Rosa Ávila, Ricardo Morello, Daniel Baraglia y Fabián González.
