Con penas de prisión en suspenso para los seis acusados y una solicitud de absolución por parte de las defensas se realizaron los alegatos en el juicio oral por un millonario fraude al Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires con el cobro de jubilaciones de jueces con sus respectivos suculentos retroactivos. El fiscal de juicio Jorge Paolini solicitó una condena de tres años de prisión condicional para cinco de los acusados y de dos años y seis meses para otro, al valorar como atenuante su condición de persona analfabeta.
El su alegato el fiscal entendió que durante el juicio más la prueba del expediente se arribó a una “certeza positiva” en relación a la mecánica de los hechos, maniobra que comenzó “en el año 2013” y cesó en noviembre de 2014 cuando se detectó la maniobra. El objetivo fue “apoderarse de los fondos” del IPS que resultaron ser “escalofriantes sumas de dinero”, entre 50 y 70 mil dólares por cada uno de los acusados.
Para el representante de la acusación oficial “los acusados sabían que no tenían derecho al cobro” y “todos retiraron importantes sumas de dinero”.
Como atenuantes de la pena el fiscal valoró la carencia de antecedentes penales de los acusados, que siempre estuvieron a disposición de la justicia y que no mostraron conductas evasivas de la ley. Como agravantes señaló el daño patrimonial a las arcas del IPS.
Además de la condena el fiscal solicitó que se le impongan reglas de conducta que fijen domicilio, se sometan al control mensual del Patronato de Liberados (PdeL)y controles sorpresivos por parte del personal policial o del PdeL en los domicilios fijados ante la autoridad competente.
Por su parte el abogado Martín Lasarte, en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires –en su rol de particular damnificada-, adhirió al alegato de Paolini y consideró que las explicaciones dadas por los acusados son “excusas manifiestamente inverosímiles”.
A su turno el defensor oficial Eliseo Graziano, consideró que durante el juicio oral “no se logró acreditar el dolo específico”. Luego señaló que “en la época de los hechos el Gobierno Nacional había lanzado un programa de jubilación para personas que no habían completado sus aportes”, esta situación sumado a “la poca instrucción formal que todos tenían y tienen al momento del hecho”, los coloca en una situación de desconocimiento.
“Ellos creyeron en todo momento que lo que estaban haciendo no era ilegal, fueron estafados en su buena fe, nunca les dijeron de qué se iban a jubilar y cuánto iban a cobrar”, resaltó el defensor público, para luego hacer foco que sus cinco asistidos “nunca tuvieron intención de estafar al Estado, no se vislumbra una intención de defraudar al Estado, fueron estafados por los integrantes de la asociación ilícita”, en referencia a los tres ex funcionarios del IPS (uno de ellos fallecidos) procesados por el hecho pero que se sometieron a un juicio abreviado del que se espera por su sentencia.
Juan Di Nardo, abogado de uno de los acusados, sostuvo que “presumir que las personas de instrucción media sepan de trámites jubilatorios es una barbaridad”. En uno de los momentos de mayor tensión hizo foco en que “hay un desmedido apetito persecutorio” y que “el objeto procesal no cerraba son la presencia de perejiles”.
El letrado aseveró que “ninguna jubilación pasa por la AFIP, el IPS es agente de retención”. Este fue en relación a la declaración del exfuncionario Fabián Gayad que sostuvo en su relato ante los jueces que los autores de la asociación ilícita eligieron hacer falsas jubilaciones de magistrados porque son una de las más altas remuneraciones y además eludían el trámite del pago de ganancias en la AFIP porque la magistratura no paga ese impuesto sobre sus haberes.
Para el defensor particular no debe perderse de foco que en esta caso “lo importante era cobrar el retroactivo de estas jubilaciones”, entre 500mil y 900mil pesos (el dólar en 2014 cotizaba a $8,42).”Después de que cobraban no le dejaban (a los seis acusados) ni la pelusa, los funcionarios del IPS solo les importaba cobrar y dejarle el problema a esta gente”.
“Se requirió de una muy mala técnica acusatoria que es la presunción del dolo”, señaló Di Nardo. La respuesta del fiscal no tardó en llegar, quien rechazó la figura de “apetito persecutorio desmedido” y se enfocó en que “cada uno de los imputados realizaron aportes esenciales a la maniobra, se presentaron a cobrar a sabiendas que no le correspondían”.
En el banquillo de los acusados están sentados Alberto Witon, carpintero; Alberto Rosell, electricista; Julio Di Jorgis, jardinero; Guillermo Cendoya, pintor; Obdulio Petraglia, vendedor ambulante analfabeto y Marta Cabrera, empleada doméstica y víctima de violencia de género. Todos trabajadores de bajos recursos. Petraglia y Cabrera son oriundos de Mar del Plata, declararon en la primera jornada de juicio y aceptaron su responsabilidad.
Por este hecho fueron procesados también por asociación ilícita Jorge Rodríguez Sueiro, Alejandro Avichelli, jefe de Departamento del IPS y Gustavo Spaltro (fallecido), todos funcionarios del IPS, pero esperan una resolución en el marco de un juicio abreviado.
Se sospecha que los empleados del IPS conformaron una empresa criminal conjunta que funcionaba en el organismo y tramitaban jubilaciones a falsos magistrados para luego percibir los elevados haberes que cobran esos funcionarios judiciales.
La facción obtenía datos privados de personas de bajos recursos, los hacían pasar por fiscal y/o juez bonaerense e iniciaban su trámite jubilatorio en el IPS a espaldas de quienes habían dado su información reservada. Funcionarios del IPS con acceso a todas las claves de seguridad del sistema informático daban curso al expediente hasta su aprobación, lo que permitía que la banda percibiera elevados haberes mensuales.
El veredicto será determinado por los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Cecilia Sanucci y se dará a conocer el 27 de junio.
