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El senador PRO Juan Pablo Allan tiene nueva cita para indagatoria por el Gestapogate

Tras el faltazo al primero de los llamados del juez y luego de ser autorizado por el Senado, deberá presentarse en abril próximo. Cómo sigue la causa

El senador bonaerense por La Plata, Juan Pablo Allan (PRO), ya tiene nueva cita para declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga el presunto funcionamiento de una “mesa judicial” en la provincia de Buenos Aires para perseguir sindicalistas opositores a los exgobiernos nacional y provincial de Juntos por el Cambio.

Tal como informó 0221.com.ar, Allan fue citado a declaración indagatoria para el lunes 21 de marzo pasado, pero como el cuerpo no se había expedido no se hizo presente ante el juzgado. Ocurre que, como los fueros pertenecen a la Cámara y no a los legisladores, los senadores y senadoras deben autorizarlo a concurrir a la Justicia. Lo mismo ocurrió en enero,  cuando los legisladores aprobaron el pedido para que se allane el despacho del senador, que también había sido solicitado por Kreplak. La semana pasada el Senado de la provincia de Buenos Aires lo autorizó a que cumpla con el llamado del juez.

Allan fue uno de los funcionarios que participó de (al menos) una reunión en la sede porteña del Banco Provincia de la que participaron exfuncionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal junto a empresarios del rubro de la construcción y exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con el objetivo de impulsar denuncias para investigar al exsindicalista de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.

El legislador deberá presentarse el próximo martes 5 de abril. Se espera que no declare y presente un escrito con su versión del caso. Su defensa está en manos del abogado Fabián Améndola, quien también asiste al intendente de La Plata, Julio Garro.

Kreplak ya indagó a 11 de los 14 imputados, todos los asistentes a esa reunión en la entidad bancaria que fue grabada por la AFI y cuyos registros halló la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, quien presentó la denuncia penal.

Los empresarios que asistieron a la reunión presentaron escritos, en su mayoría, se negaron a responder preguntas, pero todos confirmaron la relación de conflictividad que existía con la excomisión directiva de la UOCRA platense. Uno de ellos dio detalles de “la extorsión” que sufrió de parte de los exsindicalistas.

En sus descargos coincidieron en que fueron convocados por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, primer imputado del caso, a un encuentro "institucional", que no supieron que estaba siendo grabado y que no conocían a todos los presentes.

"Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se escuchó decir a Villegas en la filmación del encuentro.

El contenido de ese video, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina entre otros exdirigentes gremiales. También posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

En la causa se averigua "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.

En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".

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