El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi, hizo lugar al hábeas corpus interpuesto por la asociación civil Reinserción Social y Dignidad por las condiciones de detención en la Seccional 12º de Villa Elisa y ordeno el desalojo de los calabozos en un plazo de 24 horas. La decisión, conocida este jueves, esta centrada en un planteo que hablaba de un estado edilicio en el que había peligro de derrumbe además de una ocupación de las celdas con más detenidos que los autorizados.
"Hacer lugar a la presente acción de habeas corpus de naturaleza correctiva interpuesta por el Dr. Damian Alberto Barbosa, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil Reinserción Social y Dignidad, en favor de las personas que se encuentran detenidas y privadas de libertad en la Comisaría Décimo Segunda de La Plata; disponiendo que en el término de 24 horas se proceda al desalojo total de los calabozos allí existentes y traslado de las personas allí detenidas a dependencias dependientes de la Dirección Provincial de Alcaldías Departamentales o Servicio Penitenciario Bonaerense", dice la parte resolutiva de la decisión de Silva Pelossi.
Ya agrega que que hasta tanto se efectivice ese desalojo deben arbitrarse "los medios necesarios para el resguardo de la integridad física de la totalidad de los detenidos alojados en tal dependencia, garantizando la provisión continua de bienes y servicios mínimos".
Como ya informó 0221.com.ar, la comisarías de Villa Elisa está en peligro de derrumbe y mediante un hábeas corpus se pidió su desalojo ante el peligro inminente tato para el personal policial como para los detenidos.
Esa misma seccional ya había sido objeto de señalamientos judiciales hace poco. Las dependencias ubicadas frente a la plaza principal de esa localidad tiene lugar para alojar a cuatro personas pero en la actualidad hay 27, solo cuenta con ocho colchones y la mayoría de los reclusos debe dormir en el piso.
Hace años los calabozos fueron clausurados por orden del juez de Garantías Guillermo Atencio, pero esa orden no fue cumplida por el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo. Además, en agosto de 2020, en la etapa más dura del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) a causa de la pandemia vigente, una interna perdió su embarazo y luego fue morigerada con un arresto domiciliario.
