El intendente de La Plata Julio Garro mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y la vicegobernadora Verónica Magario, en el marco del inicio del debate del Presupuesto 2023. Durante el cónclave, el jefe comunal transmitió una serie de pedidos de los intendentes y legisladores de la oposición relacionados al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), seguridad y deudas.
“Fue una buena reunión. Le pudimos explicar que la decisión es atar la aprobación del Presupuesto al cumplimiento previo de obligaciones contraídas como desembolsos del FIM 2021, leasing, un dinero que IOMA le debe a varios municipios y el atraso del Fondo de Seguridad. Una vez con eso, empezaremos a puntear el Presupuesto”, explicó Garro, tras el encuentro en Casa de Gobierno.
Los reclamos de la oposición no quedaron ahí y los intendentes pidieron “nuevo Fondo de Infraestructura (FIM) y de Seguridad, 82 mil millones de pesos para los 135 municipios; 50 mil millones para obras y 32 mil millones para seguridad”.
Durante la reunión, Garro planteó la “necesidad de que haya una compensación del FIM 2021 con el 2022, que tiene que ver con que en su momento se otorgó con un 36% proyectado en inflación y hoy estamos en un 90%; eso da un reajuste de 4.800 millones para municipios de Juntos y 5.200 para los del Frente de Todos”.
A su vez, el intendente de La Plata destacó que “uno de los principales reclamos es que se termine la burocracia administrativa que demora la ejecución de obras. Los retrasos del FIM 2021 afectaron a todos los municipios porque la inflación se terminó comiendo entre un 50 y 60% de las obras previstas. Por eso ahora pedimos que haya un adelanto del 50% del FIM 2023 al comienzo de año y después 4 cuotas fijas que queden ya establecidas”, subrayó.
Otro de los planteos de la oposición está relacionado al crecimiento de la planta de personal del Estado. Desde la administración de Axel Kicillof prevén sumar 7 mil cargos para el Servicio Penitenciario. Sobre este punto, desde Juntos reclamaron que estos no se aprueben de una sola vez, sino a medida que se inauguran las cárceles o alcaidías.
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