Durante la última semana, los vecinos de El Mondongo avanzaron en el diálogo con funcionarios de la Municipalidad de La Plata y la provincia de Buenos Aires para poder seguir discutiendo acerca del futuro de la Zona Roja cuando parecía que las conversaciones estaban estancadas. Durante la reunión, los vecinos reclamaron más patrullajes y operativos nocturnos para evitar los episodios de inseguridad que viven a diario, un pedido que vienen realizando desde hace tiempo, y las autoridades se comprometieron a dar respuestas.
Los frentistas, nucleados en la Asamblea Vecinal El Mondongo, presentaron el petitorio respaldado por 15.000 firmas al titular de la comisaría Novena, Juan Navatta; al director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Carlos Viceconte, y al subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, Hernán Ríos.
Los firmantes pidieron más patrullajes en todo el barrio, en especial de noche; más operativos de control de autos y motos, y más cámaras de seguridad. También reclamaron que se arreglen las luminarias rotas y se poden los árboles. En otro orden, solicitaron bacheo y limpieza, como también el pedido de asfalto para la calle 115, entre 71 y 72. Pero en el encuentro no faltó el reclamo de la relocalización de la Zona Roja.
Tras este nuevo paso en la búsqueda de mayor seguridad y control en la zona, Daniel Domínguez, referente de la asamblea vecinal, celebró en las redes el diálogo con las autoridades. "Es la primera vez que funcionarios, tanto de la Provincia como de la Municipalidad, firman un acuerdo de trabajo mutuo y en conjunto que, en un plazo de 72 horas, empezarán a solucionar los problemas en el barrio, comenzando con el traslado de la Zona Roja. ¡Seremos parte de la solución a nuestros problemas!".
El telón de fondo de dicha discusión es el Código de Convivencia Ciudadana impulsado por el intendente Julio Garro y aprobado por el Concejo Deliberante a fin del año pasado, el cual -entre otras cosas- abrió la puerta al reconocimiento de la oferta sexual en la calle, aunque supeditándola a una localización específica que deberá ser determinada en una mesa de trabajo.
La ordenanza en cuestión fue publicada en el Boletín Oficial en los días posteriores y desde entonces debían pasar 180 días para su entrada en vigencia, plazo que se venció en mayo pasado. Desde entonces, la Municipalidad de La Plata aceleró la constitución de una instancia de negociación que debiera terminar en la determinación del lugar al cual el trabajo sexual se trasladaría desde la zona aledaña a Plaza Matheu (1 y 66), lugar que concentra a la mayor cantidad de trabajadoras.
Las conversaciones no fueron sencillas y no ha habido demasiados avances en ese terreno. Los vecinos de el barrio reclaman que las decisiones no se demoren y apuntan, sobre todo, contra lo que denominan es el "narcomenudeo" del cual -según esa mirada- participarían muchas trabajadoras. Desde las organizaciones que las nuclean, repudian esa vinculación con la venta de drogas y piden ser escuchadas. Mientras que las autoridades municipales y provinciales también ofrecen puntos de vistas con matices; el municipio tiene como objetivo avanzar con una decisión concreta respecto a la relocalización y el Ministerio de Seguridad reclama que la discusión sea amplia y se sume a actores vinculados con las políticas sociales y de salud.
Lo concreto es que la ordenanza que incluye el Código de Convivencia que impulsó el intendente Garro incluye fuertes multas a diversas conductas callejeras "como la oferta de sexo en lugares no permitidos". Eso implica decir que habrá espacios en los que esté autorizada. La ordenanza agrega explícitamente que "el Departamento Ejecutivo reglamentará los lugares y condiciones donde se permitirá el ejercicio de la actividad".
