Jueces, fiscales, policías, abogados, empleados judiciales, políticos, ex espías y hasta un ex Presidente de la Nación figuran en la explosiva lista de testigos presentada por la defensa del exjuez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, detenido y procesado como integrante de una asociación ilícita de magistrados, barras de fútbol, narcos, ladrones y sicarios que operó en La Plata desde el 2008 hasta mediados de 2018.
La causa fue elevada para su debate oral y público y quedó radicada en el TOC II de La Plata, integrado para este expediente por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali. La fiscalía de juicio presentó una lista de 314 testigos y pidió que se incorporen por lectura 141 anexos documentales (en su mayoría escuchas telefónicas). La lista de testigos de la parte acusadora, en tanto, sumaría al menos otros 140 testigos a citar.
Por su parte la defensa de Melazo, a cargo de los abogados Christian Romano y Juan Pesquera, presentó la lista de testigos a citar entre los que figuran "altos exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal", como el entonces jefe de Gabinete Federico Salvai y el exministro de Justicia Gustavo Ferrari.
La nómina es extensa. En la lista de policías y ex funcionarios policiales se anotan Juan Carlos Guilino, Roberto Castronuovo, Roberto Castronuovo, Alejandro Moreno, Daniel Silva, lso hermanos Darío, Hugo y Carlos Camerini, Juan Domingo Ibarra, Diego Bravo, Marcelo Corvalán, Héctor Mauriño, Ubaldo Fuenzalida, Daniel Cantarini, Pedro “Chipi” Beltrame, Hugo Matzkin, Fabián Perroni, Marcelo Marchoviche, Juan Carlos Paggi, Néstor Martín, José Luis González, Fernando Ezequiel Martínez, Alejandro Zaneta y Emilio Actis Dato.
Entre los magistrados y ex funcionarios judiciales se propusieron a Ezequiel Medrano, Gustavo Lambruschini, Álvaro Garganta, Cristian Citerio, Daniel Amerise, Jonatan Robert, Gabriel Vitali, Pablo Raele, Juan Pablo Masi, Marcelo Romero, Carlos Argüero, Guillermo Atencio, Mariana Rufino, Virginia Bravo, Eugenia Di Lorenzo, Jorge Paolini, Juan Cruz Condomí Alcorta, Juan Menucci, Marcelo Martini, Eduardo Freiler y el fiscal federal Carlos Stornelli.
La nómina de dirigentes políticos que serán citados a declaración testimonial la integran Julio Alak, Ricardo Blas Casal, Pablo y Gabriel Bruera, Mario Secco, Susana González, Martín Slobodian, Guillermo Escudero, Ulises Giménez y Eduardo Duhalde. También serán citados los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Bruno Strassera, Alfredo Gascón, Carlos Botassi, Roberto Citterio, Gustavo Rizzi, Francisco López Secco y Alejandro Vecchi.
A todo esto en el listado de testigos también figuran el ex Arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, el sacerdote Ariel Solé y el director técnico ex ayudante de campo de Néstor Craviotto en Estudiantes de La Plata, Roberto Zapata, quien fue víctima de un robo en su casa el día que festejaba su cumpleaños en un salón de fiestas platense, agasajo al que asistió Melazo como invitado. Se sospecha que ese hecho fue ejecutado (en el marco de una “mejicaneada”) por Juan Farías, un ex integrante de la presunta banda, que fue asesinado en el marco de un ajuste de cuentas interno de la empresa criminal.
La nómina la completan empleados judiciales del fuero Penal de La Plata y dos agentes del servicio de inteligencia nacional, cuyos datos se mantienen en reserva.
El exjuez lleva detenido más de tres años. Para la defensa "no existen argumentos válidos para mantener el encarcelamiento de una persona a la que se presume inocente, con una lentitud despreciable de la justicia provincial y como si eso fuera poco, con ausencia de peligros procesales" y también señala que está excedido el plazo razonable para mantener a una persona en prisión preventiva.
En relación a los peligros procesales que podrían activarse con la libertad de Melazo, la defensa reiteró que “no existe ni existió peligro de entorpecer el normal desarrollo del proceso, y tanto menos a esta altura”. Resaltó que “por el contrario, nuestro defendido colaboró siempre con la labor investigativa y el estadio procesal de la presente causa - a la espera de juicio - nos permite asegurar que no existe prueba por producir”. Sobre el peligro de fuga aseveró que no existe ya que “no hay un dato objetivo que permita presumirlo, ya que como destacáramos en cada oportunidad, el imputado fue detenido en su casa, un mes después de ser anoticiado del inicio de estas actuaciones y de conocer que podía ser detenido”.