Las nuevas modalidades de delitos hacen necesaria la generación de respuestas y creación de nuevas herramientas para combatir estos flagelos. Durante el aislamiento social aumentaron exponencialmente fraudes y estafas telefónicas con banca electrónica y tarjetas de créditos, entre otros aspectos. Ante este panorama, el abogado y director del Instituto de Criminalidad Económica Colegio de Abogados de La Plata, Marcelo Peña, elaboró una propuesta que ya fue enviada al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Conte-Grand.
“La creciente problemática de maniobras fraudulentas y engañosas bajo este tipo de instrumentación virtual o informático debe ser un llamado de atención para quienes velan por nuestra seguridad”, señaló el abogado ante la consulta de este medio.
Para Peña, “las personas de tercera edad se encuentran desprotegidas por créditos y préstamos jamás requeridos, trabajadores con suplantación de identidad en sus WhatsApp y afectación de sus datos confidenciales que a la postre las entidades financieras no responden, solo dan vueltas burocráticas”.
Ante este panorama, se solicitó la creación de una unidad de investigación “que responda como merece la ciudadanía dentro de nuestro Departamento Judicial La Plata” ya que “la mayoría de las denuncias culminan impunes y archivadas, advirtiendo como letrado particular que los investigadores de la Policía, pese a su esfuerzo se encuentran limitados en infraestructura y medios técnicos para socorrer el presente flagelo”.
