El Gobierno bonaerense presentó una nueva propuesta salarial que los trabajadores judiciales analizarán a partir del próximo lunes. De la reunión participaron funcionarios, gremios y enviados de la Suprema Corte y durante el encuentro el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, formalizó la oferta que prevé un 35,4 de aumento en septiembre y una suba acumulada de bolsillo del 41,5% a partir del 1 de octubre y del 45,5% desde el 1 de noviembre.
La propuesta presentada el último viernes incluye además un compromiso para reabrir la negociación salarial en el mes de diciembre y así discutir el cierre del año 2021.
Esto implica que los trabajadores judiciales percibirían en septiembre un incremento del 3% sobre el básico y un 1,7% de la bonificación o compensación especial; un 6% con los haberes de octubre y un 4% con el salario de noviembre, calculados sobre los salarios básicos de diciembre de 2020.
Por otra parte, respecto del reclamo del sindicato de establecer un régimen permanente de transformación de cargos de tres últimos niveles del escalafón, el secretario de Personal de la Suprema Corte Daniel Gonzalez especificó que se realizará la adecuación de la escala salarial de los niveles 9 y 10 de los trabajadores que hayan cumplimentado los requisitos desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2021. Así también, la propuesta del máximo Tribunal contempla el establecimiento de un nuevo régimen de promociones a partir de 2022 que incluye el requisito de realizar una capacitación previa.
Estas recategorizaciones abarcan a los empleados de la Administración de Justicia y Ministerio Público, de todos los agrupamientos del Poder Judicial (maestranza, mantenimiento, administrativo y técnico).
Por último, el sindicato reiteró los reclamos realizados en negociaciones anteriores de darle tratamiento urgente al proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial, la restitución del 3% de antigüedad por los años que se abonan por debajo de ese porcentaje y la continuidad de las mesas técnicas para abordar la crisis de infraestructura edilicia y nombramiento de personal, entre otros.
