Pablo Fernández Garaygorta, exintegrante del cuerpo técnico de la selección nacional juvenil de hockey femenino, procesado en La Plata por abuso sexual a una menor de edad, que cursa arresto domiciliario, fue autorizado a mudarse de vivienda en la localidad de Brandsen. Además mantiene el permiso para salidas laborales que incluye la visita en aserraderos para la compra de madera ya que tiene un emprendimiento de muebles artesanales. Sofía Caravelos, abogada de la joven denunciante, dialogó con 0221.com.ar, se mostró sorprendida por la resolución y recordó las “particularidades” de esta causa que se inició en el año 2016.
El acusado tenía domicilio en un country, pero la casa que alquilaba fue vendida y los nuevos propietarios no renovaron el alquiler. Ante ese panorama Fernández Garaygorta debe mudarse y fue autorizado por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata que tendrá a su cargo el juicio oral a desarrollarse en el año 2023. El acusado cuenta con la defensa del abogado Bruno Strassera.
La vivienda se encuentra ubicada en un barrio nuevo de la localidad, alejado del domicilio de la joven denunciante. Según un informe pericial, vecinos del lugar no se opusieron a la llegada del acusado, para que siga cursando la prisión preventiva bajo arresto domiciliario. “Las peritos concluyeron que dicho barrio es bastante nuevo, aún poco poblado, con calles de tierra, y no se relevaron personas que manifestaran inconvenientes o negativas a que el causante de autos se domicilie en la zona”, se detalla en la resolución oficial.
Sofía Caravelos, abogada de la denunciante, había solicitado que se le suspendan las salidas laborales, pero el planteo no prosperó. Los jueces entendieron que el acusado cumplió con todos los requisitos para mantener ese beneficio. En diálogo con este medio la letrada recordó que “este caso tiene particularidades desde el comienzo de la investigación y en su transitar” ya que “la causa se inició en el año 2016 y varios anos después sufrió un impulso por la repercusión mediática que tuvo el caso que realmente facilitó que se avanzara en la investigación y se logró su detención”.
“Esa detención –señaló- se prolongó hasta que la causa fue elevada a juicio, pero antes de su elevación a juicio se llamó a una audiencia en la que se omitió sin ningún tipo de justificación la participación de la víctima en esa audiencia, la omitió el juez que tomaba intervención en la causa en ese momento en la causa, se planteó la nulidad pero ya se había otorgado el arresto domiciliario, con la particularidad que fue en un barrio cerrado sin ningún tipo de reglas de conducta con respecto al uso de espacios comunes y calles internas de ese barrio privado”.
Caravelos siguió con su puntillosa reseña de la causa al considerar que “lo siguiente que fue realmente una situación muy extraordinaria y excepcional fue que durante la pandemia el señor Fernández se dedica a la realización de muebles artesanales y pide autorización para, dos veces por semana, ir a elegir maderas porque su pareja no puede hacerlo ya que no puede apreciar la calidad de las maderas y tenía que hacerlo él personalmente”. “Con ese argumento pidió el beneficio y fue concedido, pese a la oposición de la fiscalía y del particular damnificado”, explicó para luego señalar que “en esa audiencia se planteó la posibilidad que se le otorgue la excarcelación, para todo este tiempo que lleva detenido con todos estos privilegios no le cuente ante una eventual condena ya que el juicio está pautado para 2023, no solo que no fue aceptado, sino que además de comprar maderas puede hacer trabajos en la pileta y en la parquización de una vecina de ese country”.
Por último hizo foco en que “ahora aparece la posibilidad de una mudanza y se le concedió en un tiempo récord, una semana, y se le sigue permitiendo salir de su nueva casa, ir al country que queda en la otra punta de Brandsen para trabajar en la pileta y en la parquización de una vecina de ese barrio cerrado, además sigue yendo a comprar maderas para sostener su emprendimiento de muebles artesanales, pienso en todas las personas que piden un arresto domiciliario y cambios de domicilio, que tienen otra condición social”.
La abogada consideró que “realmente parece que no cumple una pena con una rutina tratamental en función de los delitos que cometió, sino más bien, está pasando el tiempo de una muy buena manera que se va a contabilizar ante una posible condena en 2023”.
EL CASO
En su denuncia la víctima aseguró que el abuso se consumó cuando tenía 14 años, en 2005, y el sospechoso tenía 39 años. Según la investigación, los abusos sexuales habrían ocurrido en el campo de entrenamiento de hockey. Además la joven habría sido obligada a ir a la casa del agresor, donde también fue abusada sexualmente, siempre según la versión aportada por la víctima en el expediente y su abogada en declaraciones públicas.
En su indagatoria ante el fiscal Marcelo Romero el procesado reveló que en 2006 mantuvo una relación clandestina con la madre de la denunciante y aseguró que la niña tenía problemas psiquiátricos. Reiteró en varias ocasiones que se trata de una venganza por ese amorío pasajero. Durante otro pasaje de la declaración, el acusado reconoció que fue el profesor de educación física de la denunciante cuando era menor de edad.
Pacu, tal como le dicen en su círculo de amistades, trabajó como docente en un instituto de educación de gestión privada, cuyos fundadores son la familia de la denunciante.
