Con el patrocinio de un abogado de La Plata, la actriz y conductora Florencia Peña denunció penalmente a Fernando Iglesias y Walter (Waldo) Wolff, diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), a quienes acusó de varios delitos luego de la agresión que sufrió en Twitter. En la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar se solicita que la causa se investigue con “perspectiva de género” y que se dicte el desafuero de ambos legisladores, trámite que debe ser procurado en la Cámara de Diputados de la Nación.
El 27 de julio de 2021, Iglesias escribió un tuit que tenía fotografías de mujeres que realizaron visitas a la quinta presidencial por razones laborales, entre las que se encontraba Peña: "Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie", sostuvo. Ante esto Wolff incluso fue más allá y agregó: "Pero ella de rodillas, ¿no?".
Tal como adelantó 0221.com.ar, en el escrito firmado por el abogado Fernando Burlando, también se establece que se imponga un bozal legal a los denunciados para callar cualquier tipo de comentarios o publicaciones por parte de ellos, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes (multas sobre sus dietas como funcionarios públicos). “Sin perjuicio de lo anterior y frente a graves discriminaciones realizadas por parte de los encartados, habré de solicitar la intervención de INADI, del Ministerio de la Mujer, del Consejo Nacional de la Mujer y del Observatorio de la Violencia contra la Mujer”, se detalla en uno de los documentos judiciales. Todos esos organismos, junto a la Cámara de Diputados de la Nación, ya fueron informados de la denuncia penal contra los legisladores.
Para Burlando “las maniobras desplegadas en forma mediática por ambos encartados, constituyen un claro hostigamiento que provoca además, un perjuicio evidente a la salud psicológica de la denunciante, impidiendo su autodeterminación en el ámbito social, con evidentes connotaciones emocionales debido a la violencia de género articulada”. Este fundamento (entre otros con la cita de jurisprudencia vigente) fue utilizado para solicitar que el caso sea investigado con perspectiva de género.
“Prueba evidente de los expuesto lo constituye la repercusión pública que han tenido los injuriosos y difamatorios comentarios sexistas proveniente nada más y nada menos, que de dos diputados de la Nación”, se expresa de la denuncia presentada que fue confeccionada con la asistencia del exfiscal bonaerense, Javier Baños.
REPERCUSIONES
Distintos organismos del Estado que se ocupan de la prevención y la erradicación de la violencia por motivos de género manifestaron su "repudio y preocupación" por los dichos descalificatorios que afectaron a Peña, así como también a otras mujeres que visitaron la Quinta Presidencial de Olivos en mayo del año pasado. "Estas expresiones dan cuenta de patrones socioculturales que reproducen desigualdad y que establecen jerarquías entre los géneros, las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género", por lo cual "el efecto de las descalificaciones sufridas por Peña", impactan a "la sociedad en su conjunto", señalaron.
El repudio fue expresado en forma conjunta por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; el Observatorio de Discriminación en los medios del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI); el Observatorio contra la Discriminación en Radio y TV del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales de la Defensoría del Público.
Al considerar que "la libertad de expresión y el acceso a la información son pilares fundamentales para el ejercicio de la democracia", los organismos subrayaron que "por eso, el rol que asumen los medios de comunicación al transmitir información debe ser ejercido con responsabilidad de la función social que desarrollan". Además, advirtieron que "la reproducción de estereotipos de género que sexualizan y estigmatizan a las mujeres y LGTBIQ+ constituyen actos de violencia simbólica y política", previstos en la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en marzo de 2009.
Los organismos puntualizaron que este marco normativo interno, junto con el internacional, "exige la erradicación de estos estereotipos que reproducen las violencias de géneros" y la "eliminación de esos consensos sociales y simbólicos que deben ser leídos como prácticas modificables a través de acciones que promuevan un cambio cultural". Por último, se pusieron a disposición para "trabajar en conjunto con los distintos sectores e instituciones para lograr una sociedad más democrática, libre de estereotipos y discriminaciones" con el fin de "alcanzar una Argentina unida y libre de violencias por motivos de género".
CONTRAGOLPE
Por su parte los legislados denunciados presentaron una denuncia penal contra Peña, el presidente Alberto Fernández y varias personas que visitaron la Quinta Presidencial de Olivos durante la primera etapa (y más dura) del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), acusándolos de haber violado las restricciones dispuestas entonces para contener el rápido avance del COVID-19 en todo el país.
