El presidente Alberto Fernández decidió presentarse ante la Justicia por la causa iniciada a raíz de la difusión de las imágenes del festejo de su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta por el coronavirus. La celebración se llevó a cabo el 14 de julio de 2020, cuando estaba prohibida la circulación y las reuniones sociales. Además, propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses.
Minutos más tarde de su presentación, el fiscal Ramiro González imputó al Presidente por violar la cuarentena. La Justicia busca determinar si se violó el DNU dictado por el propio Presidente de la Nación, que prohibía las reuniones sociales y solo habilitaba la circulación de personas esenciales.
Tal como se vio en las imágenes y videos que se difundieron, en los festejos de la primera dama se puede observarse que los asistentes no usan barbijos ni mantienen la distancia social.
Según informado desde Casa Rosada, Fernández se presentó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, a las 17.50 vía electrónico y confirmó que se representará a sí mismo. En ese marco, confirmó que donará parte de su sueldo para ““la reparación del daño potencial que se hubiere causado” con la fiesta.
Cabe señalar que el fiscal del caso, Ramiro González, está preparando la imputación contra él y las personas que asistieron al festejo que se realizó en la residencia de Olivos. La misma se conocerá cuando el funcionario judicial termine de analizar los informes que Casa Militar envió a la Justicia, detallaron los ingresos y egresos de esa noche en la Quinta.
En ese marco, quien iba a es su abogado, Gregorio Dalbón, escribió su cuenta de Twitter: “El Presidente se presenta como un Ciudadano. Donará al Malbrand y sigo siendo su abogado, para causas que sean delito”.
Según informó Infobae, en un escrito de 36 páginas dirigido a Casanello, Alberto Fernández argumentó por qué lo sucedido, a su entender, no es delito y pidió que se declare extinta la acción penal y se decrete su sobreseimiento: “Como consecuencia de lo expuesto se haga lugar a la excepción de falta de acción por manifiesta atipicicidad y, como consecuencia de ello, se proceda al dictado del sobreseimiento del suscripto”.
Entre los argumentos fundamentales del escrito se destaca que “no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existen ‘víctimas’” por la violación del DNU que estableció restricciones y la prohibición de las reuniones sociales en el AMBA.
Entre los investigados, también se encuentran la asesora de Yáñez ,Sofía Pachi; amigo y colaborador de la primera dama; el taiwanés Chien Chia Hong, Emmanuel López; Fernando Consagra, Ariel Alonso Zapata, Lautaro Romero y Florencia Peña. Todos figuran en los listados de ingreso a la residencia presidencial en 2020, durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
