En las últimas horas se dio a conocer que las autoridades del Ministerio de Educación bonaerense desarticularon una organización que se encargaba de elaborar y vender certificados truchos para licencias de docentes en la Provincia.
La sospecha se centró en distintas carpetas médicas dadas por afecciones tales como "trastorno persistente del humor, del sueño, fatiga grave", y por desarreglos de "ansiedad, de personalidad, estrés grave, depresión, fobia, lumbago y ciática", en la mayoría de los casos por un mes, concedidas a docentes y auxiliares del distrito de José C. Paz.
La Suprema Corte bonaerense firmó un convenio para coordinar la actuación judicial, policial y sanitaria en donación de órganos tras muertes traumáticas.
Diputados presentarán un proyecto en la Legislatura para otorgar una pensión a víctimas del fentanilo adulterado, en medio del avance de la causa judicial.
En este contexto es que, voceros del caso, explicaron que "esas raras afecciones y la gran cantidad" dieron lugar a una auditoría y a una denuncia penal que quedó radicada en la justicia penal platense, que en las últimas horas indagó y procesó a Ángel Rubén Riquelme, Delia Inés Del Giovannino y Nerina Isabel Del Giovannino. Estos tres son empleados de la seccional de UPCN, de José C. Paz, quienes habrían conformado una banda dedicada a "vender" certificados médicos apócrifos, por distintas sumas de dinero, y cobrar a los docentes suplementes para ocupar los cargos que dejaban los falsos "licenciados".
Cabe destacar que en el caso, denunciado en el 2018, tomó intervención el fiscal del Crimen de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, quien pidió la detención de los tres acusados de integrar una asociación ilícita para cometer fraudes contra la administración pública, pero el juez de Garantías Eduardo Silva Pelosi, decidió no hacer lugar al pedido del ministerio público, al considerar que no hay peligros procesales, porque pese al tiempo transcurrido desde que se denunció el caso, los acusados se presentaron a Derecho y a todas las citaciones de la Justicia.
A su vez, los tres sospechosos ya fueron indagados y procesados por los ilícitos antes mencionados y ahora se comenzará con las indagatorias a 46 docentes y auxiliares que habrían cometido el delito de fraude agravado, en perjuicio de la administración pública.
En la causa se incorporó además una prueba clave, los médicos de una empresa de medicina legal, que realizó las juntas médicas, corroboraron que los agentes sospechados no tenían las patologías ya mencionadas, señalaron los voceros. También explicaron que otra prueba clave fue el análisis de las comunicaciones telefónicas ordenadas por el fiscal, del que surgió "valiosa información para acreditar la autoría".