En las últimas horas, tal como lo habían anunciado, apelaron el arresto domiciliario otorgado al sacerdote Raúl Sidders, acusado del abuso ultrajante en perjuicio de una alumna menor de edad, cometidos entre el 2004 y el 2008, en el Colegio San Vicente de Paul. La presentación la hizo la misma denunciante del cura, que aseguró que la abusó sexualmente entre sus 11 y 14 años.
El religioso de 60 años está detenido desde el 1 de diciembre pasado y, si bien el 26 de abril último se dispuso su prisión preventiva con arresto domiciliario, la medida no se hizo efectiva porque fue apelada. En el recurso de revocatoria y apelación presentado por la defensa de la denunciante, se expresó que "no existen razones médicas que avalen la morigeración de la prisión del imputado, como expresan los informes periciales presentados, que en modo alguno abastecen la pretensión de Sidders y su defensa".
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Para la defensa de la víctima, la prisión efectiva que le corresponde al sacerdote "constituye también una medida de protección a la víctima, quien ha sido violentada por parte del entorno de Sidders, como fue denunciado, exponiendo su identidad en redes sociales, lo que produjo un grave daño sobre su persona, circunstancia que habrá de agudizarse de mediar una morigeración a todas luces desaconsejada además a la luz de los riesgos procesales ya acreditados y latentes".
En la apelación se citan, además, informes médicos oficiales que aseguran que el sacerdote es "un paciente en buen estado general de salud medicado con Bisoprolol 2.5 mg" y, que ante el coronavirus "presenta el riesgo de la población en general". También se transcribe el informe de una perito médico forense que determina que "dado el temperamento colérico sanguíneo, del detenido, (…) no es posible, para individuos con estas características, asegurar que un estado diferente al de detención intramuros, asegure en la persona afectada, no padezca estrés".
"Las medidas sanitarias son las mismas que para la población general. Indicándose prioridad en las etapas de vacunación contra (la) Covid-19", precisaron los médicos en sus informes. Los abogados de la víctima pidieron también la nulidad de la resolución que otorgó el beneficio debido a que "no expresa acabadamente cuales son las premisas en la que sustenta la resolución adoptada, y con total ausencia de razones fundadas, sin dar respuesta explícita y motivada, otorga la morigeración de la prisión preventiva del procesado".
En enero último, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata ratificó que el sacerdote debía continuar detenido en la Alcaidía de La Plata y ordenó al juez Agustín Crispo, quien instruye la causa, que "requiera un rápido y amplio informe médico del cura para determinar si presenta alguna patología" para colocarlo en el grupo de población de riesgo frente al coronavirus.