El Gobierno bonaerense avanza con las negociaciones para comprar las vacunas contra el COVID-19. La administración de Axel Kicillof mantiene conversaciones con cinco laboratorios internacionales para que la Provincia pueda adquirir las inmunizaciones de forma directa y así complementar la campaña de vacunación de la Nación para combatir al coronavirus.
En ese marco, se intensificó el diálogo con el Instituto Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) y las farmacéuticas CanSino Biologics (compañía chino-canadiense), Moderna (EEUU), CureVac (Alemania) y el laboratorio estatal China National Pharmaceutical Group, que produce la vacuna Sinopharm: "Con esos laboratorios se mantiene el diálogo abierto. También han aparecido varios intermediarios pero como las ofertas se chequean con el laboratorio y la embajada de cada país hasta ahora fueron todas rechazadas, por no estar autorizados", revelaron fuentes oficiales.
En tanto, el mandatario provincial expresó el último viernes que "si la provincia de Buenos Aires consigue provisión de vacunas lo que va a hacer es llevárselas al Gobierno nacional. La provincia es generosa y solidaria y no hace campaña con la salud y con la muerte".
Aunque la legislación nacional habilita a las provincias a negociar en forma directa con los laboratorios para la compra de vacunas, Kicillof envió de todas formas un proyecto de ley a la Legislatura para conseguir el aval legislativo por las condiciones de contratación que exigen algunos proveedores, como cláusulas de confidencialidad o prórrogas de jurisdicción en caso de controversias o litigios judiciales.
La iniciativa, que fue sancionada en menos de una semana, faculta al Ejecutivo bonaerense, a través del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de la provincia, "a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado".
La norma ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires bajo el número 15.284 y establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán ser informados a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura bonaerense.
Allí se determinó que el informe de cada contrato de adquisición de vacunas deberá ser enviado cada 60 días y que la Bicameral tendrá facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos, en los casos en que estas existan.
De ese modo, la ley autorizó al Gobierno que encabeza Kicillof a iniciar negociaciones y celebrar contratos en moneda extranjera y que contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial o prórroga de jurisdicción en los casos de litigio judicial.
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