La modificación del Impuesto a las Ganancias fue aprobada el 8 de abril pasado en el Senado argentino pero todavía sigue sin ser reglamentada y su aplicación efectiva se sigue dilatando. La medida fija un piso de $150.000 de sueldo bruto para la exención del tributo y los contadores esperan que se publique oficialmente para poder liquidar las devoluciones de saldos cobrados de Ganancias a empleados este año ya que la ley prevé la devolución de esos montos.
Una de las cuestiones centrales que tiene que definir la reglamentación de la ley es si los reintegros a los trabajadores alcanzados por el impuesto se realizarán en un solo pago o en cuotas. Es que en términos generales los cambios en ese tributo implicará para el fisco dejar de recaudar unos $48.000 millones.
La medida, por la cual un universo estimado de 1.267.000 personas se verá beneficiado, y que fue propuesta por el presidente de la Cámara baja Sergio Massa; establece que los empleados que cobren hasta $150.000 dejarán de pagar el impuesto. Por su parte, quienes estén en el rango del mencionado monto y los $173.000 tendrán un alivio fiscal en el cual será la AFIP la que incremente las deducciones para que no existan diferencias sustanciales entre los que deben pagar el impuesto y los que no.
La norma también establece que para que un jubilado quede exento de pagar el tributo debe ganar menos de 8 haberes mínimos (equivalentes a $165.000), y no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación.
En este marco, un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical le solicitó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero que brinde explicaciones sobre por qué todavía no fue reglamentada la ley. El legislador Gustavo Menna, junto a una decena de referentes radicales, presentó un pedido de informes para que se explique por qué "no se ha cumplido con la reglamentación y puesta en ejecución de la ley 27.617 que modificó la Ley del Impuesto a las Ganancias aliviando la carga tributaria de empleados en relación de dependencia mediante, entre otros dispositivos, el incremento de las deducciones personales computables". De esta forma, se le requirió al Gobierno conocer la fecha estimada para avanzar con la reducción del impuesto.
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