El Tribunal Oral Criminal (TOC)) II de La Plata declaró por mayoría como admisible el recurso de apelación de la fiscal de juicio Victoria Huergo contra la resolución de ese cuerpo colegiado, que no hizo lugar a la excusación de la funcionaria para no ser la parte acusadora en el debate oral al ex juez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, detenido como presunto jefe de una asociación ilícita. Los jueces Santiago Paolini y Andrés Vitali dieron vía libre a la apelación para que la Cámara Penal de La Plata defina si la letrada deberá ser la representante del Ministerio Público durante la sustanciación del debate, mientras que la jueza Silvia Hoerr se opuso.
Huergo fue durante varios años fiscal de instrucción en la disuelta Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) de La Plata, una fiscalía temática especializada en investigar delitos contra el Estado, entre otras misiones. En cientos de casos el juez Garante fue Melazo. Por ese motivo alegó que sostener la acusación contra un ex compañero de trabajo le genera "violencia moral".
El 23 de febrero último, el TOC II rechazó la excusación, contra esa resolución la fiscal apeló. En uno de los pasajes del meduloso documento señaló: "Particularmente no logro comprender desde que lugar o con que baremo los señores jueces entienden que un vínculo laboral no tiene entidad de afectación emocional intensa y sí uno extralaboral cuando uno transita al menos un tercio de cada uno de sus días en su trabajo, mucho más que en cualquier otra relación". Huergo consideró que "no hay razón valedera para que los señores jueces" se coloquen en una posición de "termómetro de afectación personal", ya que "como eso es sabido a cada persona lo conmueven las cosas en un grado diferente, para no dar crédito a mis afirmaciones".
Este incidente comenzó cuando la causa fue elevada a juicio. Desde entonces varios jueces y fiscales se excusaron de formar parte del debate oral y público. La defensa de Melazo se opuso al apartamiento de Huergo y la magistrada consideró que se trata de una jugada de esa parte para su propio beneficio, ya que fue la única apelación que presentaron ante las varias excusaciones de otros magistrados.
Esa oposición de la defensa a su apartamiento, encendió las luces de alerta en la funcionaria. "Resulta antinatural, violento y al menos opaco para quien suscribe y para la sociedad en su conjunto, que los defensores del doctor Melazo, sobre quien me manifesté carente de objetividad, reclamen mi permanencia, siendo que la fiscalía tiene intereses contrapuestos a la defensa", señaló Huergo en su apelación.
Luego de realizar un racconto de otra excusación, la fiscal señaló que el pedido de la defensa "constituye un escándalo" ya que "no existen precedentes conocidos de que los defensores exigieran la permanencia de un fiscal en particular". La fiscal señaló que se encuentra en "un pie de igualdad con todos los restantes fiscales", por ello es que "soportar esa presentación y que encima se haga mediática, porque los propios defensores la presentan en los medios antes que en el expediente, incrementa sobremanera la violencia y me coloca en una posición de insoportable incomodidad para decidir ya que, por un lado, me siento condicionada por el aprecio a Melazo, y por otro, por la necesidad de preservar mi imagen ante la sociedad frente al comportamiento de los defensores con relación a mí".
"No se trata de cuestiones menores. Si no de un conflicto interno de profunda intensidad", aseveró la funcionaria, quien tampoco ahorró críticas al "permanente e inexplicable cambio de criterio" de la jueza Hoerr. Huergo recodó que cuando pidió celeridad para realizar el juicio oral para Mariano Bruera, hermano de Pablo Bruera ex intendente de La Plata, la jueza dispuso su apartamiento de la causa (que finalmente no se concretó), pero en la causa de la megabanda "a pesar de haber explicado el sinnúmero de situaciones concretas, reales y comprobables de trato con Melazo y a posteriori el efecto del inexplicable reclamo de los defensores sobre mi persona, no abastezcan el test de verificación” para también recodar que “en una situación en el mejor de los casos igual a la de la suscripta, (la jueza) le aceptó la excusación a sus compañeros de Tribunal" Liliana Torrisi y Claudio Bernard.
A modo de resumen la fiscal Huergo señaló que "forzar" para "asumir en contra de sus más profundos sentimientos el ejercicio de la vindicta pública sin que ello implique ningún beneficio en la marcha del proceso, carece de toda lógica. Y si a ello le sumamos el manto de sospecha que la ciudadanía va a poner sobre mi actuación luego de haberme excusado y de que los defensores hayan reclamado periodística y judicialmente mi permanencia, resulta incomprensible".
También resaltó que "nunca" evitó sus obligaciones y cerró: "Prácticamente no me he excusado en toda mi carrera". Ahora, en tanto, el planteo debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
LA BANDA
Un ex juez, un lobista, un simulador, policías, barras, narcos, ladrones, abogados, un crimen y más magistrados en la mira. Todo esto se mezcla en la causa de la megabanda criminal que operaba en La Plata y fue desarticulada por una fiscal, luego de cinco años de silencioso trabajo que finalmente se coronó con el logro de la confirmación de elevación a juicio oral para el ex juez Melazo y el resto de los acusados, la mayoría de ellos detenidos y con prisión preventiva confirmada.
Por unanimidad, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la resolución dictada por el juez de Garantías, Agustín Crispo, quien avaló la investigación de la fiscal Betina Lacki y en enero de 2020 había dictado que el caso sea debatido en juicio oral.
Las defensas de los acusados apelaron esa resolución pero los jueces de Cámara, Laura Lasaga, Raúl Dalto y Sergio Almeida rechazaron los planteos de esa parte y confirmaron la resolución dictada a principios de ese año.
En la lista de procesados, junto a Melazo aparecen el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (personal de la comisaría Segunda); Javier Ronco; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor “Pepe” Vega, el exbarra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; el lobista Enrique Edgardo “Quique” Petrullo; y el ex jefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera.
Según se desprende de la investigación penal los procesados integraban una banda de delincuentes que “tomaron parte de una asociación” ilícita destinada a cometer “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas” y precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”. El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”. Todo con la protección judicial de ex juez Melazo.
La división de roles aparece con claridad en el expediente. Los policías Bursztyn, Mena y Chiusaroli liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni ayudaba con los autos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestros. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El ex policía Mena y Manes vendían drogas. En tanto, el ex barra Herrera y el lobista Petrullo eran los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui (también ex dirigente de Estudiantes de La Plata) quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue notificado de la investigación, pero no fue detenido porque posee fueros por el cargo pese a que fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense.
