Tener arraigo familiar y laboral, fijar domicilio y no haber eludido a la Justicia, son tres de los requisitos que las personas privadas de su libertad bajo proceso penal deben cumplir para acceder al beneficio de un arresto domiciliario. En esa tarea se encuentra Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo, detenido el 8 de enero pasado y procesado por intento de homicidio.
La pena en expectativa que pesa sobre él oscila entre 4 y 16 años de cárcel, lo que hace que el delito no sea, en principio, excarcelable. Para acceder a la libertad o a un arresto domiciliario, la defensa del acusado presentó en el expediente penal la copia de un contrato de alquiler de una lujosa vivienda ubicada en el exclusivo barrio privado Grand Bell. Allí es donde se alojará en caso de acceder a una prisión domiciliaria o una eventual libertad ante un posible cambio de enfoque legal como planteó el abogado defensor, Marcelo Peña.
El contrato, sin embargo, llamó la atención por varios motivos. En el mismo "no figuran garantías ni se establecieron cláusulas de actualización del alquiler, que son requisitos básicos para contratos de este tipo", señalaron fuentes del caso con acceso al expediente.
Otro de los aspectos particulares de ese contrato es el valor. "Figura que alquilaron la propiedad por unos 60.000 pesos mensuales, cuando un alquiler en ese barrio ronda los 300.000 pesos", detallaron las fuentes consultadas por 0221.com.ar, quienes además recordaron que "hace pocas semanas había solo una vivienda en alquiler en ese barrio, pedían dos mil quinientos dólares mensuales más las expensas, que son unos 32.000 pesos".
"En principio este contrato era por la temporada de verano, después presentaron otro donde pasó a ser permanente", señalaron desde el palacio de Tribunales ante la consulta de 0221.com.ar.
No es la primera vez que la diputada de Juntos por el Cambio muestra habilidades en el negocio inmobiliario, ya que posee un departamento en el barrio de Puerto Madero, donde reside habitualmente con su familia, cuyo valor de compra fue según la legisladora, de 200.000 dólares, cuando en rigor los valores de mercado en esa zona son varias veces superiores. Las posibles inconsistencias de las operaciones inmobiliarias de la funcionaria llamaron la atención a integrantes de la magistratura platense, quienes no descartan que pueda existir alguna maniobra de evasión fiscal que, por el momento, no fue denunciada ni es investigada.
EL CASO
El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió la madrugada del 1 de enero cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en 47 entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa.
Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado. Tras perseguirlos por gran parte de la ciudad, en 21 y 40 Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido.
La jueza tuvo en cuenta también que, luego de embestir la moto, fugó del lugar "arrastrando el rodado menor mientras éste desprendía chispas por el roce con el asfalto, particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil". La magistrada rechazó el pedido de detención domiciliaria que había la defesa de Buzali, aunque ordenó abrir un incidente por separado para evaluar "una posible morigeración de las condiciones de detención", al considerar en su favor la ausencia de antecedentes penales, su situación personal y que, según la fiscalía, ya está producida la mayor parte de la prueba en la causa.
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