La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves con mayoría oficialista los pliegos de quince magistrados, entre ellos el de Alejo Ramos Padilla, el juez platense que pasará de su puesto en Dolores a ser el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, que es el que tiene competencia electoral de la provincia de Buenos Aires.
La votación se dio tras un breve debate, en el que la oposición cuestionó a Ramos Padilla y se expresó en contra de su designación, aunque avaló al resto de los magistrados.
El cargo que asumirá Ramos Padilla es por demás estratégico, ya que regulará judicialmente y estará a cargo del operativo de las elecciones en el distrito que más votos aporta y que será clave este año en que habrá elecciones de medio término.
La designación de Ramos Padilla fue aprobada con los votos únicamente del Frente de Todos. El resultado de 41 votos a favor y 26 en contra. Así el Juzgado Federal 1 de La Plata volverá a tener un juez titular después de seis años y medio, desde que en septiembre de 2014 falleció Manuel Blanco, quien estaba a cargo del tribunal desde 1984.
Ramos Padilla viene de ser juez federal de Dolores –fue nombrado en 2011– donde tuvo causas de alto impacto. Frenó en diciembre de 2015 los decretos por los cuales el entonces presidente Mauricio Macri designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti; en mayo de 2018 suspendió los aumentos de tarifas de gas en todo el país y en el verano de 2019 comenzó a tramitar una de las causas más importantes: el espionaje ilegal del falso abogado Marcelo D’Alessio.
De 45 años y abogado querellante en causas de derechos humanos antes de ser juez, Ramos Padilla tramitó ese expediente que para muchos fue visto como la respuesta del kirchnerismo a la causa de los cuadernos de la corrupción, en la que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner. A Ramos Padilla le tocó investigar a D’Alessio y descubrió una red de espionaje ilegal.
Ene sa causa también procesó al fiscal Carlos Stornelli, el fiscal de Mercedes Juan Bidone y ex agentes de inteligencia. También abrió una segunda causa que pone bajo la lupa el funcionamiento de las llamada bases AMBA de la AFI en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, procesó a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros, por hacer espionaje político.
Como abogado, fue el querellante de la fallecida ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Isabel “Chicha” Mariani en el juicio al genocida Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar. También representó al fallecido diputado Alfredo Bravo.
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