“Angustiado por estar en prisión”. “Se lamenta por lo sucedido”. Con esas dos frases fuentes judiciales describieron el modo en que se presentó Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo, en la audiencia previa ante la jueza de Garantías que debe resolver el pedido de prisión preventiva en el marco de una causa por intento de homicidio.
La reunión fue telemática. Duró una hora y estuvieron todas las partes. La fiscal se opuso al pedido de prisión domiciliaria que reclama la defensa a cargo del abogado Marcelo Peña. También se opusieron los abogados de los dos jóvenes atropellados y heridos en la madrugada del 1 de enero de 2021 por el accionar al volante del auto por parte de Buzali, quien iba acompañado por su esposa, quien además de diputada provincial es la secretaría de Asistencia a la Víctima y Violencia de Género de la municipalidad de La Plata.
Todas las partes fueron escuchadas por la jueza de Garantías, Marcela Garmendia. Tras tomar la palabra, el acusado señaló: “Necesito estar en mi casa con mis hijos” al tiempo que lamentó “todo lo sucedido”, en relación a los dos jóvenes heridos y el mal momento que atraviesa su familia por la detención.
En otro pasaje de su relato se preguntó, entre llanto, “por qué están tan empeñados en hacerme tanto mal” y aseveró que no es “capaz de hacerle mal a nadie”, pero nunca le pidió perdón ni se solidarizó con sus víctimas.
También recordó que ni él ni su esposa se opusieron al arresto domiciliario de Miguel Ángel “Pimienta” Silva, uno de los integrantes de la banda que mató a su primer hijo, Isidro, durante la fatal salidera bancaria de 2010.
La defensa hizo foco en el arraigo familiar de Buzali, quien dejó asentado como domicilio la casa que alquiló en el exclusivo barrio cerrado de Grand Bell. También señaló que posee arraigo laboral y que en caso de acceder al beneficio, retomará sus labores, bajo la modalidad home office en la empresa petrolera para la que trabaja.
Sobre el cierre de la audiencia, la jueza adelantó que el planteo será resuelto “en lo inmediato”, dejando abierta la posibilidad de expedirse antes del vencimiento del plazo que opera el próximo jueves al mediodía.
Buzali actualmente está alojado en la Alcaidía Roberto Pettinato de La Plata. Su esposa fue una activa militante para que los procesados por delitos graves como el de la carátula de esta causa, no accedan a ningún beneficio y que cumplan la totalidad de la condena en prisión, sin posibilidad de acceder a salidas transitorias o libertades asistidas.
La fiscal María Eugenia Di Lorenzo solicitó la conversión de la detención en prisión preventiva por el delito de "homicidio en grado de tentativa". A su criterio, el dolo directo de la figura "homicidio en grado de tentativa" se configura con el conocimiento de la conducta de Buzali de causar la muerte de las víctimas.
La fiscal valoró para ello la versión de los testigos directos del hecho y la prueba pericial que complica al acusado.
La persecución a velocidad elevada del marido de la legisladora hacia los motociclistas a los que atropelló también fue tomada como un indicio de desprecio por la vida de terceros.
Piparo denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, cuando Buzzali estacionó para dejar a su papá en su casa.
Según la legisladora y funcionaria municipal, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, se cruzaron con los que creyeron que eran los mismos "motochorros" que los habían asaltado, a quienes siguieron a distancia para llamar a la policía. Pero más tarde lo perdieron y volvieron a cruzarse con otros motociclistas, a dos de los cuales embistieron. Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso.
El acusado permanece tras las rejas desde el 8 de enero por orden de la jueza Garmendia, quien rechazó tiempo atrás el pedido de excarcelación presentado por su defensa, lo que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de La Plata.
Redes Sociales