Pablo Martínez, una persona intersex, y su pareja Flavia Rodríguez Castro iniciaron hace 15 días una huelga de hambre en la Unidad Nº 8 de Los Hornos para denunciar las inhabitables condiciones en las que se encuentra su celda. Revelaron además que sufren constantes maltratos como consecuencia de la falta de protocolos penitenciarios para tratar con internos que pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual.
Según el Gobierno nacional, las personas intersex son aquellas "cuyos cuerpos (cromosomas, órganos reproductivos y/o genitales) no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón/mujer. Algunas organizaciones de personas intersex prefieren referirse a la intersexualidad como parte de la diversidad corporal”.
De acuerdo con su testimonio, viven en inhabitables condiciones y deben lidiar con los constantes maltratos que van desde sanciones arbitrarias hasta golpizas. El caso puso en evidencia la falta de protocolos penitenciarios para el abordaje de diferentes temáticas de género y diversidad sexual.
En ese marco, una delegación del INADI en La Plata tomó intervención ante la situación. “Es imposible que las unidades penitenciarias sigan teniendo prácticas medievales con la población interna, negar el derecho a la identidad, a la comunicación, a una vida y al trato digno, son derechos básicos y fundamentales", explicó la delegada del INADI, Karina Vitaller, a través de un comunicado.
A su vez, explicó que “dentro de una unidad penitenciaria, como en todos los ámbitos sociales, coexisten diferentes identidades, algunas de las cuales forman parte de colectivos o grupos vulnerabilizados por su condición social, por su origen, por su género, por su corporalidad, por sus capacidades, y muchas veces por el cruzamiento de estos aspectos, lo cual profundiza la situación de subalternidad y los actos discriminatorios cuando se suceden, se vuelven aún más agravados en situación de privación de la libertad”.
Además, adelantaron que el INADI tomó contacto con las áreas pertinentes “para reunirnos con Flavia y Pablo y ofrecerles los recursos que el organismo pone a disposición de la sociedad, para contribuir a vivir una vida con garantía de derechos y sin discriminación”.
"En un contexto democrático que tanta muerte, desaparición y dolor le costó a la sociedad argentina, la protección por los derechos humanos se vuelve una lucha irrenunciable. La población LGBTINB debe contar con las garantías que la normativa nacional protege y ninguna institución pública puede constituirse en un espacio que las obstruya, muy por el contrario deben ser facilitadores, promotores y protectores de las mismas”, sostuvo Vitaller.
Para finalizar, desde la delegación local del INADI remarcaron: “Las personas privadas de la libertad el único derecho que tienen restringido es el de la libertad ambulatoria, por lo tanto cualquier otro derecho restringido se presenta como una vulneración. La Constitución Nacional establece que las personas privadas de la libertad tienen derecho a trabajar, a estudiar, a la salud, a vivir en un ambiente sano y limpio, a su seguridad e integridad personal, a la vida, a la dignidad y a la no discriminación, independientemente de su situación procesal”.
