Dos jueces del Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata que absolvieron a los acusados del abuso sexual y femicidio de la adolescente Lucía Pérez (16), cometido en 2016 en esa ciudad, fueron suspendidos este martes provisoriamente de sus funciones para ser sometidos a un jury, por decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que en la audiencia realizada esta mañana en La Plata, presidida por la magistrada de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) de femicidio de Lucía, resolución que el año pasado fue revocada por la Cámara de Casación.
"Laberinto Podestá, El último aplauso" se estrenará el 13 de abril en el Teatro Coliseo Podestá y será con entrada gratuita. Actúan 20 artistas de La Plata.
Tras la muerte del anestesista por sobredosis de propofol y fentanilo en CABA, en La Plata reclamaron que se refuercen los controles en los hospitales.
Por ese motivo, la magistrada decidió suspender provisoriamente a los jueces mientras dure el proceso de jury.
El fallo absolutorio realizado por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense fue revertido por el Tribunal de Casación bonaerense, por lo que esos dos jueces (el tercero, Aldo Carnevale, renunció para jubilarse) fueron denunciados y se constituyó un jury de enjuiciamiento que, a partir de este martes, comienza las audiencias para determinar si se destituyen o no. En la acusación de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento a Magistrados se indicó que "la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos, por el gravísimo delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes".
"Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores", señalaron los acusadores.
También consideraron que "se advierte que no existió justificación alguna para negar que en el suceso se hubiera producido un abuso sexual respecto de la menor, con los agravantes ya enunciados". Para la Bicameral "debió contemplarse que la dependencia le impedía a la niña dirigir su voluntad" y recordó que "se consignó en la sentencia que hasta cambiaba droga por sexo, que no podía ser fácilmente sometida y que no existió una relación de subordinación por mantener relaciones no consentidas".