La Justicia suspendió el desalojo de las tierras ocupadas en Guernica prevista para este jueves. Fue tras aceptar el pedido formulado por el Gobierno bonaerense de postergarlo hasta mediados de octubre. No obstante, no se precisó la fecha en la que se hará el operativo.
Tras una audiencia virtual, el juez Martín Rizzo dio curso a los pedidos de reprogramación del "lanzamiento" -que estaba previsto para este 1° de octubre- realizados por la Provincia y la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. De esta forma, el despliegue se reprogramó por tercera vez.
Cientos de familias ocuparon en julio un predio casi 200 hectáreas, lo que motivó que la Justicia ordenara la liberación del terreno en principio para el 8 de septiembre tras una denuncia presentada por vecinos y una Sociedad Anónima, propietaria del lugar. Pero se postergó para este jueves 1 de octubre y ahora nuevamente.
La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, había solicitado la reprogramación al Juez de Garantía N°8 de La Plata (con sede en Cañuelas) que el desalojo se pasara para el próximo 14 de octubre.
Las autoridades provinciales argumentaron la solicitud en dos hechos nuevos que se juzgaron de "alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto". "Por un lado, el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 horas, que alcanza a casi el 20% de las familias y, por otro lado, el lanzamiento ayer del Plan de hábitat, vivienda y suelo que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires", fundamentaron en el documento presentado.
El juez Rizzo finalmente decidió dar luz verde al pedido y la liberación del predio deberá realizarse entre el 15 y 30 de octubre. El fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, se opuso a la medida. De igual manera piensa el abogado Gervasio Pérez Pesado, representante de la firma Bellaco SA, a cargo del emprendimiento inmobiliario San Cirano, cuyas tierras fueron usurpadas.
Según la resolución del magistrado, "el plan de contingencia puesto en marcha viene arrojando resultados positivos en relación no sólo al abandono voluntario de los ocupantes de los predios motivo de litigio, sino, a su vez, de las necesidades de aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad".
Los funcionarios bonaerenses estiman que a esa fecha el tema "estará solucionado o al menos encaminado". La idea es que sean reubicados en “terrenos con servicios”. Según confirmaron fuentes del Gobierno bonaerense a La Nación, 294 de las 1900 familias suscribieron un acta de compromiso, en la que asumen la responsabilidad de "desocupar el predio" y "no vender, ceder ni transferir" su terreno. A cambio la Provincia les ofrecerá una "respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades" acorde a "los programas del Ministerio y de sus posibilidades presupuestarias".
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