La Municipalidad de La Plata, junto a la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y distintas áreas de los gobiernos nacional y provincial, llevaron adelante una mesa de trabajo para analizar la situación de la venta ambulante en la ciudad, donde se pidió avanzar en una solución de fondo vinculada a la política migratoria y una red de trata de personas.
Durante el encuentro, la Comuna planteó la necesidad de continuar impulsando acciones para erradicar la venta ilegal, pero también de establecer una política pública que regularice la situación de los inmigrantes ilegales. Según se constató, son alrededor de 200 los senegaleses que viven en la ciudad, de los cuales cerca de 170 están indocumentados.
En ese marco, las autoridades municipales adelantaron que realizarán una presentación judicial para investigar la migración ilegal, con fines de explotación,
Participaron autoridades de las secretarías comunales de Convivencia y Control Ciudadano, y de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, quienes se reunieron con representantes de la cartera provincial de Justicia y Desarrollo Humano. También participaron autoridades de Migraciones, la UCALP, la UNLP y de los Centros de Accesos a la Justicia bonaerense y de Nación.
La secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattáneo, sostuvo que “al convocar a la mesa de trabajo se pretendió reunir a los tres estamentos del Estado, ya que es fundamental el abordaje entre los distintos niveles para resolver las demandas en esta materia que tenemos en la ciudad”.
“La situación del comercio ilegal se debe abordar de manera integral y entendemos que, esencialmente, se trata de buscar una solución concerniente a las políticas migratorias”, manifestó la funcionaria, y agregó: “Estamos esperanzados en que se pueda encontrar una solución de fondo a esta problemática, que excede al Municipio y no es sólo una cuestión contravencional”.
“Entendemos que por primera vez se generó un gran avance para ir por la cuestión esencial, que es que la mayoría de los integrantes de esta comunidad son migrantes económicos que entran de manera ilegal, con una absoluta vulnerabilidad de sus derechos por falta de una política pública que los ampare”, expresó Cattáneo, y agregó: “Por eso pretendemos buscar una solución de fondo y regularizarlos, para que tengan acceso a un mercado laboral abierto”.
En esa línea, reiteró que “una de las grandes problemáticas por las cuales se dedican a la venta ilegal es porque no pueden acceder a ningún tipo de asistencia por parte del Estado o a programas de educación ya que no figuran en los registros por estar indocumentados”, y concluyó: “Hay tintes humanitarios que hay que resolver, pero manteniendo firme la decisión politica de que el comercio ambulante en las calles de La Plata se tiene que terminar”.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presente en el encuentro, sostuvo que es necesario “encontrar una solución consensuada, en la que la no violencia sea el piso”. En ese sentido, remarcó que “Hay que involucrar a diversas áreas, y proteger a las personas de la comunidad senegalesa”.
Se acordó un segundo encuentro para el lunes 31 del corriente, mientra que la Municipalidad avanzará con una presentación judicial para investigar la migración ilegal, con fines de explotación, que coarta la libertad de los inmigrantes de acceder a otro tipo de trabajo.
LOS PRESENTES
Además de Pérez Cattaneo y Lorenzino estuvieron presentes el secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de La Plata, Darío Ganduglia; la coordinadora regional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Ana Sanguinetti; el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia, Matías Moreno; la representante de la Dirección de Pluralismo e Interculturalidad Paloma Fernández Tomic y la titular de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia, Lucía Iañez.
Además, formaron parte del encuentro Marilina Squadrone, de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior; Inés Iglesias, directora del Consejo Social de la UNLP; Tulio Marchetto, Defensor Ciudadano Adjunto de La Plata; Pablo Matarazzo, representante de la UCALP; y referentes de la comunidad senegalesa.
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