La muerte del cuádruple femicida Ricardo Alberto Barreda vuelve a poner en escena la contienda judicial por la herencia patrimonial que consta de la casona del horror de calle 48 entre 11 y 12 donde se consumó la cacería de mujeres; una casa de veraneo en Mar del Plata (que se encuentra usurpada); un terreno en la provincia de Buenos Aires; un Ford Falcon color verde, un auto DKW y una motoneta de marcas Siambretta, vehículos que están arrumbados en lo que fue la escena de una de las mayores masacres de la historia argentina.
Mientras tuvo fuerza, Barreda dio pelea por recuperar parte de sus bienes materiales que obtuvo mientras estuvo en familia, pero que se derrumbó en noviembre de 1992 cuando ejecutó a sangre fría a su esposa, su suegra y sus dos hijas. Luego de que el Estado provincial le expropiara el inmueble planteó una contrademanda que tramita en el fuero Contencioso Administrativo de La Plata y buscó un resarcimiento económico que nunca llegó. Con su muerte, esa contrademanda tiene destino de cierre.
Barreda no tenía en sus planes de vida volver a vivir a La Plata y menos en la escena del crimen, cuyo estado de abandono y deterioro es evidente a simple vista, sin embargo buscó ser resarcido por la expropiación.
En el proceso de unificación de los legajos judiciales el apoderado del odontólogo presentó el número de cuenta bancaria para que le depositen la parte de su acervo patrimonial. Barreda fue declarado "indigno" de heredar la totalidad de los bienes, pero logró que en sede judicial le reconozcan un porcentaje del patrimonio en juego, detallaron fuentes judiciales.
La sentencia de exclusión de herencia fue dictada por el juzgado Civil y Comercial de La Plata por "una causal objetiva de indignidad", prevista en el artículo 3291 del Código Civil que establece: "Son incapaces de suceder como indignos, los condenados en juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesión se trate, o de su cónyuge, o contra sus descendientes, o como cómplice del autor directo del hecho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia acordada al criminal, ni por la prescripción de la pena".
Una de las trabas que encuentra el caso es que la Provincia no está dispuesta a pagar por el inmueble. Pero en caso de cambiar de postura solo lo hará por el valor fiscal del inmueble y en pesos, mientras que Barreda reclamaba percibir el valor de mercado (unos tres millones de dólares) y en moneda estadounidense. Similar postura tienen los familiares de las mujeres asesinadas (tíos y primos de las hijas de Barreda) quienes desde hace más de 25 años que reclaman ser herederos.
Como se sabe, la casona de calle 48 fue expropiada por el Estado bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli. La muerte de Barreda le allana el camino al gobierno provincial para tomar posesión del inmueble donde está previsto la construcción de un espacio de contención a víctimas de violencia de género, entre otras ideas en análisis.
